Juan Roberto Zavala
Con motivo de la controversia que durante estos días se ha suscitado alrededor de la propuesta del virtual Presidente electo de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, de fijarse un sueldo de 108 mil pesos mensuales y su propuesta de respetar el mandato de nuestra Constitución (art. 127) para que ningún funcionario público tenga un salario mayor al de nuestro Presidente, presentamos la siguiente gráfica que, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el primer trimestre de 2018, del INEGI, publicó en su cuenta de twitter Lenia Batres.
Es de señalar que aunque si bien la población ocupada en México ha venido aumentando desde 2010, los empleos no son bien remunerados y acusan una fuerte desigualdad en los ingresos, de quienes tienen empleo, formal o informal, en nuestro país, lo que se observa con claridad en la gráfica. En ella sobresale el hecho que de los 45.6 millones de mexicanos, con ocupación, 8 millones 645 mil ganan hasta 2 mil 650 pesos mensuales y 15 millones 253 mil perciben de 2 mil 651, hasta 5 mil 301 pesos mensuales y que de los 43.3 millones, que perciben un salario, solo 2 millones 272 mil obtienen arriba de 13,254 pesos mensuales.
Asimismo mencionamos que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, el 56.8 % de las personas con ocupación están en el trabajo informal, con lo que la mayoría de ellos tienen salarios precarios, carecen de servicios médicos garantizados como IMSS, ISSTE, etc., no tienen derecho a jubilación, ni a adquirir una vivienda.
En cuanto a la desigualdad, vale la pena mencionar el estudio “la distribución y desigualdad de los activos financieros y no financieros en México”, realizado por Miguel Ángel del Castillo Negrete, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde señala que el 1 % de la población de nuestro país acumula riqueza similar a la del 95 % de los mexicanos y que dos terceras partes del país -tierras, empresas, extracciones mineras o activos financieros-, por ejemplo, se concentran en las manos del 10 % de la población.
Así pues, con estos datos y considerando que en nuestro país casi la mitad de la población vive en pobreza y con salarios mensuales como los descritos en la gráfica, debemos preguntarnos sobre la justeza de los salarios de los altos funcionarios de México y el carácter ético de las declaraciones de algunos de los interesados en conseguir o conservar sus altos salarios y el resto de las prerrogativas de las que gozan, como seguros de gastos médicos, seguro de vida, gasolina, viajes al extranjero, comidas y un largo etcétera.
Asimismo y respecto al argumento de que al reducir los sueldos y prerrogativas perderíamos los talentos que actualmente tenemos en el sector público, pues de inmediato se irían a trabajar a las empresas privadas, con lo que perderíamos toda su capacidad, honestidad y “amor por México”, nos debemos preguntar, también, ¿por qué estos funcionarios, durante los últimos 18 años (tres administraciones federales), no han logrado sacar a nuestro país del subdesarrollo, la baja calidad educativa, que se demuestra con los resultados de la prueba PLANEA, que se aplica a alumnos de primaria; la pobreza, la corrupción, la inseguridad, producto de la alta criminalidad, que ha trastocado la vida de nuestra sociedad, el acceso a la salud, la baja producción en el campo y muchos otros problemas que hemos vivido durante ese tiempo?
De ahí la importancia de las propuestas de López Obrador para modificar las políticas públicas en estos rubros y la necesidad de apoyarlas, con la esperanza de tener, a mediano plazo, un México mejor.
