Licenciado J. Lázaro Salinas Guerra
Hay mucho que comentar sobre la aplicación de la criminología en estos lamentables tiempos de criminalidad en el país, pues, ¿cuándo se había visto, como el día de hoy, al elaborar este tema, que acontecieran 23 muertes violentas en 23 horas, sin contar los secuestros, robos a mano armada, a plena luz del día; ataques a señoras de todas las edades para despojarlas de sus vehículos, aun trayendo sus niños a bordo; robos a casa habitación, también a la luz del día; asesinatos de policías, agentes de tránsito, presidentes municipales, custodios de centros penitenciarios; ataques a ciudades y poblaciones, muchas de las cuales han quedado sin policías municipales por el miedo y temor de ser muertos?
En fin, somos testigos de un caos generalizado, en el que se incluyen muertes de personas inocentes ajenas a actividades delictivas. Pero, ¿por qué está sucediendo esto? La respuesta es bien sabida: la corrupción, la impunidad y la falta de preparación de los elementos encargados de la prevención e investigación de los delitos, incluidos igualmente algunos malos y corruptos miembros del poder judicial, quienes, con resoluciones contrarias a derecho, basados en su personal opinión, dejan en libertad en ocasiones hasta a delincuentes peligrosos, que, una vez libres, vuelven a delinquir, con lo que se crea un círculo corrupto-impune-criminal.
35 MIL MUERTES EN CUATRO AÑOS
Pero lo anterior, hay que hacerlo notar, afecta al país entero, pues el ejecutivo federal y sus asesores en seguridad no han podido a la fecha, ni podrán en años, terminar su lucha contra la delincuencia organizada. Sus propias estadísticas señalan ya más de 35 mil muertes en cuatro años de gobierno, y como menciono líneas arriba, entre ellas un sinnúmero de personas inocentes.
Y si bien se ha logrado detener a 30 mil delincuentes de diferentes organizaciones delictivas, y se ha decomisado una gran cantidad de armamento, drogas y más, también es cierto que las fuerzas policiacas no cuentan con la capacidad para enfrentarlos; si no fuera por la presencia de las fuerzas militares y navales, la situación en el país sería mucho peor de como se encuentra.
Con respecto a lo anterior, se han producido comentarios de numerosos intelectuales, jurisconsultos, escritores tanto nacionales como extranjeros. Dadas las condiciones que vive México, me llamó la atención un artículo del editorialista Luis Rubio, “Las Verdades”, donde dice textualmente:
“El sistema judicial es una de nuestras lacras. Por el lado del Ejecutivo los ministerios públicos son una vergüenza: su incompetencia exige un replanteamiento total por corrupción o por mera incapacidad. Por el lado del Poder Judicial, la Suprema Corte, aunque tímida en asumir su carácter constitucional, se ha convertido en un pilar central de la gobernabilidad del país. Sin embargo, todo el sistema de tribunales incumple con su objetivo modular: se gastan carretadas de dinero, pero la justica no llega. No es que todo sea corrupción, sino que todo está diseñado para que nada funcione”.
Y yo agrego que “claro está, si ya sabemos que de diez delitos cometidos, sólo uno o dos llegan hasta la sentencia.
FALTA DE COORDINACIÓN
Por último, refiero las consideraciones de otro autor, quien en su artículo “Ya basta”, cita, entre otras cuestiones:
“El Ejecutivo Federal no ha asumido cabalmente su responsabilidad. La falta de coordinación en el gabinete de seguridad es elocuente. No se puede convocar a una guerra y luego dejar que cada corporación actúe como bien lo entienda. Los resultados están a la vista. La velocidad del contagio es alarmante. A principios de 2009, Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores, confinó el problema a tres Estados: Baja California, Chihuahua y Sonora. Hoy, a dos años de distancia, la lista incluye a Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero y Michoacán, amén los estados como Jalisco, que empiezan a descomponerse.
“Monterrey ¿es un caso aislado o un caso paradigmático? Enlisto: 1999.- Fortune la declara la ciudad más atractiva para hacer negocios. 2002, El New York Times la define como urbe modelo.
2005.- América Economía la ubica como la metrópoli más segura.
“Cinco años después, los bloqueos y las ejecuciones arrasan con la Ciudad. ¿Qué pasó? Es sin duda la gran pregunta.”
Yo me atrevo a responderle: A la incapacidad de las autoridades para combatir la delincuencia que ya está muy organizada, y ellas no quieren o no saben, por intereses políticos, cómo organizarse para hacerle frente. Recuerden aquel gobernante que, en una cabalgata con sus pares vecinos, espetó: “El narco nos hace los mandados”. Pues a la fecha ni él ni sus sucesores han podido ni podrán a corto plazo acabar con ese problema.
Y continúa el articulista: “¿No hay de qué preocuparse o estamos ante un fenómeno imparable que va de la periferia al centro? Imposible responder categóricamente. Pero es un hecho que todos los indicadores son preocupantes. La degradación se está acelerando. Cada vez hay más zonas fuera de control. Incluso las carreteras, las supercarreteras, se han vuelto peligrosas.”
LOS DELINCUENTES ERAN OTROS
Así es en efecto. Cuando el que esto escribe fungió en la década de los años setenta como agente del Ministerio Público de la agencia encargada de la investigación del delito de robo, los delincuentes sólo robaban a los choferes de los tráileres los viáticos, las llantas de refacción y algo de carga. Pero en la actualidad son desesperantes para los transportistas del país los recurrentes robos de las unidades de carga, por lo que han exigido el apoyo de las autoridades; han protestado en demanda de seguridad, para poder continuar con su negocio, que sabemos requiere nuestro país, pues es fuente de ingresos y de trabajo para miles de mexicanos.
Pero, como sabemos, este problema ha resultado imparable, y, por el contrario, se ha incrementado enormemente, al grado de que, según informes de la Unión de Transportistas de la República, el año anterior fueron robadas en las carreteras del país 560 unidades de carga, lo que representa un aumento del 30 por ciento con respecto al año anterior.
Y termina el artículo que cito: “Todo indica que en el futuro la violencia y el deterioro serán mayores. La gran cuestión es cómo llegarán el país y el Estado al 2012, y adicionalmente el costo y el tiempo que lleva enderezar la nave. ¿Ya basta? Sí, pero ¿qué hacemos?”
EXIGENCIA CIUDADANA
Debe la ciudadanía exigir a las autoridades federales y estatales encargadas de la seguridad el cumplimiento de sus obligaciones: preservar la paz y la seguridad de todos para realizar deberes de trabajo, estudio, atención a la familia; que los hijos acudan a sus centros de estudio y de trabajo, en un ambiente tranquilo, óptimo, en donde puedan realizarse las personas de bien.
Desafortunadamente los atracos han llegado, de forma inaudita, hasta el seno de nuestra querida universidad, lo que ha obligado al rector a tomar nuevas medidas de seguridad, a fin de proteger a los empleados de la misma y a los estudiantes.
Las acciones llevadas a cabo en días pasados por el ejecutivo estatal en materia de seguridad, relevando a los responsables, los cuales, no obstante contar con la experiencia de toda una vida en esa área, no pudieron o no quisieron, por motivos que sólo ellos saben, cumplir con la encomienda que les fue confiada.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
Con relación al párrafo anterior, quiero resaltar como menciono en líneas anteriores, que a inicios de los años setenta, fui designado agente del Ministerio Público investigador en delito de robo en esta ciudad, con oficinas ubicadas en el edificio de la Policía Judicial, cuyo titular era el estimado maestro de nuestra generación, licenciado Alejandro Garza Delgado (QEPD), quien tenía como secretario a un joven y prometedor abogado-politólogo, licenciado Jorge Fernando Garza Guzmán, y a don Eliseo, cuyo apellido no recuerdo, como jefe del Departamento de Identificación, hombre que sólo hizo estudios empíricos, pero muy dedicado, responsable y capaz.
El resto del personal -los llamados en ese tiempo policías judiciales-, estaba conformado por ex boxeadores, ex luchadores, choferes, etcétera, gente sin preparación criminalística, sin cultura; si acaso tal vez el 50 por ciento haya cursado la educación básica; pero, dirigidos por persona tan capaz como lo fue el maestro Alejandro, lograban esclarecer los más difíciles casos delictivos cometidos en la ciudad y en el Estado.
BOTONES DE MUESTRA
Para muestra, mencionaré sólo dos relevantes: el esclarecimiento del homicidio cometido por el doctor Alfredo Ballí, y la detención de integrantes de la Liga 23 de septiembre, que dieron muerte al estimado industrial don Eugenio Garza Sada De estos casos le tocó conocer al licenciado Marco Antonio Leija Moreno, en esas fechas juez cuarto penal.
El licenciado Leija Moreno, en algunas de sus amenas pláticas, recordando los casos más sonados que resolviera, refiere que “Manix”, como coloquialmente llamaban los medios periodísticos al licenciado Garza Delgado, no dejaba cabos sueltos en las investigaciones, lo que motivaba que al hacer los detenidos su declaración preparatoria, no hallaban él, como juez, ni el agente del Ministerio Público Adscrito sobre qué interrogarlos.
TAMBIÉN ENTONCES HABÍA PILLOS
Ahora bien, ¿por qué lograba el maestro Alejandro tales resultados? Pues, además de su capacidad y don de mando, como queda dicho, porque la policía no era tan corrupta como hoy en día, así de sencillo. No crean que los policías judiciales de ese tiempo eran blancas palomitas o piadosos hermanos de la caridad; no, eran pillos, por no llamarlos de otra manera. Para ejemplificar, cuando remitían a la agencia los objetos recogidos a los detenidos por robos o a los compradores, verificaba si faltaban algunos de los señalados en el parte de policía, lo que sucedió en más de una ocasión, por lo que les reclamaba a los comandantes, a quienes llegué a quitar radiograbadoras, estéreos para autos, televisores, etcétera, pero nunca ningún elemento fue detenido ni muerto por tener nexos con grupos delictivos.
Sabemos que en los últimos años, cientos de elementos policiacos han sido dados de baja, y muchos han sido consignados por su participación y complicidad con la delincuencia organizada en los tres niveles de gobierno, e incluso algunos han sido muertos.
CORRUPCION
Se ha mencionado hasta la saciedad que existe corrupción entre los integrantes o encargados de la investigación de los hechos delictivos y órganos jurisdiccionales, lo que se pretende explicar con el argumento de bajos sueldos para policías, peritos y demás. Esto es cierto. Para darles una idea, cuando el suscrito fue designado director de Servicios Periciales en el Estado, en noviembre de 1997, me enteré de los bajísimos sueldos que devengaban, pues quien tenía el más alto era de dos mil 500 pesos mensuales, y dos ganaban mil 800 pesos, a pesar de que eran pasantes o licenciados en criminología. Claro, con esos sueldos, abogados sin escrúpulos tratan de corromperlos. Por ello, en ocasiones se dice que los peritajes se hacen al gusto del mejor postor.
Como hecho anecdótico, contaré que ahí realizaba su servicio social un ex alumno, de nombre Jorge Enrique Cruz Flores, quien había sido segundo lugar en aprovechamiento de su generación; y al poco tiempo me recomendaron como meritoria, sin ganar sueldo, a la ex alumna Diana Rocío González Vázquez, primer lugar de la misma generación. Lógico, se trataba de jóvenes estudiosos y muy dedicados, pero meses después quisieron retirarse, pues el primero había concluido su encomienda escolar, y la segunda por necesidad de obtener un ingreso.
El suscrito acudió ante el procurador, que, al enterarse de las condiciones de los jóvenes, les dio plaza; para ello, “partió” una de comandante, por lo que estos brillantes estudiantes percibirían un sueldo de dos mil 500 pesos mensuales cada uno. Con el tiempo, el primero buscó nuevos horizontes, y se tituló de abogado posteriormente; la segunda continúa laborando ahí, con un sueldo más o menos decoroso.
IMPUNIDAD
La impunidad podría definirse como el estado en que se encuentra un hecho delictivo que no ha sido debidamente castigado con la pena que el mismo merece. Estimo que para la impunidad, muchas veces se da, aunada a la corrupción, la deficiencia de la labor desempeñada por quienes deben resolver el hecho delictivo. ¿Y por qué? Pues considero que por la falta de preparación de los agentes responsables, quienes no reciben capacitación adecuada; por la falta de equipo de laboratorio y demás herramientas requeridas para cumplir cabalmente la labor investigadora, a todo lo cual se suman intereses monetarios, políticos y desatención gubernamental.
Los servicios Periciales de 1997–1998 sólo contaban con una unidad en buenas condiciones, un vehículo Tsuru, obtenido nuevo, con lo pagado por la aseguradora por el robo de dos camionetas; las condiciones del laboratorio eran regulares, pero las necesidades eran muchas; muy escasos los bienes o aparatos para cubrirlas, lo que motivaba que me viera obligado a llevar dos máquinas de escribir manuales, en tanto que el jefe de los Servicios de Medicina Forense llevó una computadora, (era soltero).
Ahora bien, en las condiciones de trabajo que menciono, ¿cómo va a querer la sociedad que no se dé la impunidad, si agregamos la poca paga a ministeriales y peritos? ¿Qué buena labor esperamos, si no se integran debidamente, las averiguaciones? Por ello, muchas veces los jueces no tienen elementos para poder sancionar a los culpables, con lo que se da la impunidad.
OBJETIVOS GENERALES DE LA CRIMINOLOGÍA
Los criminólogos Juan Pablo de Tavira y Jorge López Vergara consideran que la criminología “Es la ciencia que se encarga del estudio del delito como conducta humana y social; que investiga las causas de la delincuencia, la prevención del delito y el tratamiento del delincuente.
Como sabemos, la criminalista es una ciencia penal auxiliar, que, mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología al estudio de las evidencias materiales, descubre y verifica científicamente un hecho delictivo y al o a los presuntos autores, aportando pruebas a los organismos que procuran y administran justicia.
Con todo lo anteriormente expuesto; es decir, al aplicar los conocimientos científicos que estas ciencias nos aportan, contando con los elementos humanos capacitados en la investigación de los delitos, los hechos se resolverán satisfactoriamente, dando así seguridad a la sociedad, que espera de las autoridades el cumplimiento de su deber.
PERFIL DEL INVESTIGADOR EL PROCESO DE SELECCIÓN
Para llevar a cabo un proceso de selección con mecanismos transparentes y confiables, dichas valoraciones se realizarían de manera secuencial, para contribuir así al logro de los objetivos institucionales. Sería muy largo y tedioso para el lector relatar el contenido general de cada una de las evaluaciones, pero citaré someramente unos puntos que considero muy importantes para seleccionar a los aspirantes:
- La estructura familiar: se obtiene información que permite determinar a qué tipo de familia pertenece, las relaciones de sus miembros, la economía de la familia y su nivel educativo. Los datos analizados son importantes, ya que se considera que de la familia emanan las reglas, normas, patrones de conducta, hábitos, costumbres, etcétera, situación determinante si se considera que se trata de personas que estarán en contacto directo con la sociedad, procurando su bienestar y seguridad.
- La evaluación psicológica. Ésta es importantísima, pues con ella se obtienen y valoran datos básicos de capacidades intelectuales, emocionales, habilidades individuales.
Igualmente, en estas evaluaciones existen categorías de exclusión, como son una patología severa que implica rasgos de personalidad, con tendencias adictivas, problemas severos de control de impulsos agresivos., no contar con recursos para afrontar situaciones de conflicto; no tolerar presiones, no asumir responsabilidades, etcétera…
En fin, se señalan muy diversos temas que los psicólogos deben explorar en los aspirantes a agentes investigadores
