Por Ismael Vidales Delgado
Uno de los acuerdos más recientes que ha suscrito y presentado Felipe Calderón con Elba Esther Gordillo, es el Acuerdo Nacional para la Evaluación Universal de Docentes.
El Acuerdo señala que cada tres años se evaluará a los directivos y docentes de Educación Básica, esto es: preescolar, primaria, secundaria, educación inicial y educación especial. Me llama la atención que no se hable de educación indígena, pero supongo que estará incluida.
Se ha mencionado que los resultados serán públicos, lo cual me parece innecesario, tendencioso y humillante. En todo caso pudieran publicar cifras y remitir los resultados confidencialmente a los dueños.
Las evaluaciones se harán de manera escalonada, dando inicio en el ciclo 2011-2012 con los docentes de primaria; en el de 2012-2013 los de secundaria; y en el de 2013-2014 los de educación inicial, preescolar y especial. Supongo que en este segmento irán los de educación indígena.
Los maestros con mejores puntuaciones pueden acceder a estímulos económicos. El presidente dice que así mejorará la calidad educativa del país. Lamento desilusionarlo, pero así no es, basta que eche un vistazo a los países que encabezan el ranking de PISA y se dará cuenta que éstos lo han logrado con estrategias que nada tienen de parecido con este acuerdo de evaluación de docentes.
Presuntamente la evaluación abarcará: 1) El logro académico de los alumnos; 2) El domino que los maestros tengan sobre el contenido de los programas; 3) La manera como los profesores planean su clase; y 4) La atención que den a los alumnos rezagados o sobresalientes.
Los parámetros fueron elaborados por la triada formada por 1) la SEP; 2) el SNTE; y 3) La Asociación Civil “Empresarios por la Educación Básica”.
Visto así el Acuerdo, pareciera inofensivo y hasta provechoso, sin embargo yo le reprocharía de inmediato la injerencia del SNTE y la de “Empresarios por la Educación Básica”.
Al SNTE lo recuso, porque descaradamente se ve una alianza electorera para el 2012.
A los empresarios, porque nada tienen que ver en el tema, dudo mucho que uno de ellos sea hijo de la escuela pública o que mande a sus hijos a una de ellas, y siempre he sostenido, que en estas circunstancias, nada hay que consultarles. Su repentino interés por la educación pública me parece sumamente sospechoso, o se trata de una expiación de culpas o de una intromisión perversa.
No tengo nada contra la evaluación, por el contrario, la aplaudo, siempre y cuando se aplique científicamente y sirva para la toma de decisiones humanas y respetuosas de la dignidad de las personas. Sin embargo, se me ocurre a botepronto una sugerencia contundente: Evaluar a los Secretarios de Educación de todo el país y a los funcionarios responsables de la toma de decisiones, así como a los legisladores que han elaborado las leyes que inciden en las políticas educativas.
Mi argumento es que ellos son los responsables mayores del desastre educativo que padecemos, los maestros simplemente cumplen consignas, usualmente son obedientes, han aprendido a escuchar, callar y no contradecir a sus superiores.
Es tal la cantidad de ocurrencias que devienen de las autoridades educativas que han inhibido en los maestros toda posibilidad de análisis, de reflexión, de creatividad. Un día en la vida de cualquier docente es de lo más automatizado que se pueda imaginar el lector, la carga de actividades inútiles ha llegado a límites insostenibles.
Prácticamente se ha perdido el rumbo en cuanto a la formación integral de los muchachos gracias al estado de obnubilación de las autoridades por alcanzar no sé cuantos puntos en ENLACE o en PISA.
En este momento miles de maestros se preparan: para concursar por una plaza docente; para el entrenamiento de muchachos de tercer año de secundaria en PISA 2012; para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en primer año de secundaria; para certificarse en habilidades digitales y en inglés; para enfrentar las modificaciones de los nuevos componentes de Carrera Magisterial…
Un análisis sereno, objetivo y juicioso de la carga administrativa, educativa, social, sindical que agobia a cualquier maestro de educación básica, así como un inventario mínimo de las ocurrencias matutinas y de las vespertinas de los funcionarios y el costo directo y los daños colaterales de éstas, nos llevaría a enjuiciarlos en macolla por delito de lesa patria.
