¿Qué pueden hacer las ciencias penales por la seguridad?

Maestro Erick Gómez Tagle López

Investigador en Asesoría de Diseños Normativos SC y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

erick.tagle@asesoriadn.com.mx

Un Estado de Derecho es consustancial a un régimen democrático, lo cual implica tener leyes adecuadas, pero también instancias de procuración y de administración de justicia eficientes, mecanismos de prevención del delito, separación real de los poderes, respeto a las libertades, servidores públicos honestos y confianza general en las autoridades.

En México es cuestión pendiente la inseguridad pública, particularmente visible en delitos como la extorsión, el homicidio, el narcotráfico, el robo, el secuestro y la violación, situación que en la última década acaparó la atención de los medios de comunicación, del gobierno y de la población.

Es una cuestión, la de la inseguridad, que por su multicausalidad (criminogénesis), los rezagos históricos en la formación policíaca y la subjetividad que existe en la apreciación ciudadana, resulta compleja de atender, debido a que el reto no es sólo reducir los índices delictivos, sino respetar las garantías y los derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados.

Por estas razones, se requiere diseñar estrategias interinstitucionales y de ejecución práctica en el corto, mediano y largo plazos. Como ciudadanos, debemos contribuir a la explicación de las causas, modalidades, participantes y consecuencias de estos fenómenos cotidianos.

CAUSAS Y EFECTOS

Entre las causas, están los altos niveles de desconfianza, la corrupción, la distribución inequitativa del ingreso, la desprotección de grupos vulnerables, la falta de proximidad y de diálogo entre policía y sociedad civil, la impunidad, la iniciación temprana en el consumo de alcohol y drogas, el malestar social, el no esclarecimiento de crímenes de alto impacto, la proliferación mediática de imágenes violentas, el rezago educativo, la sobrepoblación carcelaria y la violencia familiar.

En lo concerniente a los efectos, podemos distinguirlos en respuestas estatales y civiles. Por una parte, adquisición de más y mejor armamento, aumentos presupuestales significativos en las áreas de seguridad pública y de procuración de justicia, creación de grupos de élite, elevación de las penas, fortalecimiento de la institución carcelaria, participación creciente de autoridades militares, paulatina certificación policial, realización de operativos conjuntos y un sinfín de reformas legislativas.

Por otro lado, la ciudadanía ha tomado conciencia de esta problemática, asumiendo como propia y legítima la responsabilidad de su defensa, principalmente mediante la contratación de vigilancia privada, la adquisición de armas, la instalación de cercas y rejas, la realización de marchas por la paz, la proliferación de organizaciones civiles, el condicionamiento del voto y el aumento de los discursos y comunicados sobre el tema.

INEFECTIVIDAD DEL DERECHO PENAL

Estadísticamente, se advierte la inefectividad del derecho penal, explicable por fallas en el diseño normativo y por una débil cultura de la legalidad. Ejemplos son el exiguo nivel de denuncias, así como la deficiente readaptación y reinserción social de quienes han estado recluidos por la comisión de algún ilícito. El encierro prolongado, las confrontaciones, la ociosidad, la privación sexual, el control del tiempo, el hacinamiento, la corrupción y el consumo de drogas, conceptuadas como micropenalidades, imposibilitan la conversión de los internos en fuerzas productivas, alejándolos cada vez más de la sociedad.

El objetivo es crear condiciones dignas para todos los habitantes, especialmente para quienes se encuentran en situación de riesgo y de alta vulnerabilidad (prevención delictiva y victimal). De poco sirven los avances democrático-electorales, si la población tiene miedo de salir a la calle, si las vendettas privan sobre el diálogo y si existe una permanente exclusión de quienes no piensan y actúan como nosotros. El reconocimiento de la alteridad es el primer paso de la pacificación.

UN POCO DE HISTORIA…EL INICIO DE LAS CIENCIAS PENALES

Posteriormente a la independencia de México, se buscó constituir el sistema penitenciario; se publicaron los primeros trabajos de antropología criminal, se enseñaron las aportaciones de la escuela positivista italiana en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y se inició la identificación antropométrica de los reos: primeros esfuerzos de lo que se llamarían después ciencias penales.

Un ejemplo destacable es que en 1891 se fundó por ley la Penitenciaría de Puebla y su Departamento de Antropología, jefaturado por Francisco Martínez Baca y auxiliado por Manuel Vergara. Es el antecedente de la clínica criminológica más importante en América latina. Sus estudios, útiles para la identificación y clasificación de los criminales, se dividían en: generales, biografía, cefalometría, antropometría, fisiognomía, organoscopía y psicología.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES DEL SIGLO XX

Del siglo XX mencionaremos cuatro acontecimientos importantes: en 1900, la reforma constitucional mediante la cual se creó la Procuraduría General de la República; en 1971, la creación de la ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, la cual refiere los estudios de personalidad como base del tratamiento, e impulsa la formación del derecho penitenciario; en 1974, el inicio de la Carrera de Criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y, en 1976, la inauguración del Instituto Nacional de Ciencias Penales; más recientemente, la apertura de la Licenciatura de Criminología en las universidades públicas de Puebla y Tlaxcala, en 2010 y 2011, respectivamente, lo cual refleja el compromiso del sector educativo del país para atender los problemas sociales.[i]

 

EL APORTE ACTUAL DE LAS CIENCIAS PENALES

Las estrategias y procedimientos, institucionalmente planeados y ejecutados, de carácter preventivo, reactivo y represivo, por medio de los cuales el Estado y la sociedad responden a la delincuencia, deben tomar en cuenta las condiciones generales y específicas de la población a la que se dirigen y sobre la cual buscan incidir de manera positiva.

La conjunción de calidad de vida, democracia, seguridad ciudadana y una procuración de justicia pronta, expedita y apegada a derecho, es el reto que se debe superar, desafío en el cual las ciencias penales tienen un papel relevante, porque de ellas depende la evaluación objetiva de la inseguridad, el análisis causal de la inefectividad del derecho, la atención apropiada a las víctimas y ofendidos, el diseño de nuevas estrategias y la profesionalización de los servidores públicos.

Una política integral de protección de los derechos fundamentales exige superar la visión centrada en los procedimientos represivos a través de los cuales el Estado reacciona contra la criminalidad, para lo cual las ciencias penales tienen un papel fundamental, aportaciones que glosamos a continuación.

DERECHO PENAL

El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos y las consecuencias jurídicas de éstos (penas, medidas de seguridad, declaración de responsabilidad sin pena y consecuencias accesorias para las personas morales). Funciona, para la política criminal, como prevención general negativa, debido a la abstención que motiva, en los potenciales delincuentes, de realizar ciertas conductas, debido a la intimidación de la amenaza legal.

La represión penal funciona, cumple su objetivo, cuando la nación se convence de que tendrá lugar. A mayor corrupción, impunidad y cifra negra, mayor probabilidad de que la gente actúe ilícitamente, razón por la cual se debe trabajar en la parte técnica del derecho penal y en la cultura de la legalidad. No hacerlo debilita el principio de autoridad y socava las instituciones.

CRIMINOLOGÍA

La criminología es la ciencia de pretensión causal explicativa, encargada del estudio integral de las conductas calificadas como crímenes, de las personas que las realizan (criminales), de quienes las padecen (víctimas), de su interacción (criminodinámica), del conjunto de estas conductas (criminalidad), de los mecanismos de control (política criminológica) y de las reacciones jurídico-sociales que provocan.

En su carácter sintético, dado que se apoya en cualquier área del saber, busca la descripción, clasificación, explicación y reducción de las conductas antisociales, tanto en lo general, como en casos concretos, a través de la criminología clínica, todo en beneficio de la prevención de la delincuencia y el desarrollo de sociedades menos violentas, más cooperativas, seguras y justas.

CRIMINALÍSTICA

La criminalística es el conjunto de técnicas, conocimientos y procedimientos, derivados en su mayor parte de las ciencias naturales, aplicables a la investigación y el estudio material de hechos presuntamente delictivos, con el propósito de confirmar su existencia, estudiar su modalidad, suministrar la prueba, identificar a los presuntos autores y coadyuvar a descubrir la verdad investigada por las autoridades.

Las especialidades periciales con aplicación en el ámbito forense son: análisis de voz, arquitectura, balística, contabilidad, criminalística de campo, dactiloscopía, documentoscopía, fotografía, genética, grafoscopía, identificación fisonómica, incendios y explosiones, informática, ingeniería civil, medicina, odontología, poligrafía, propiedad intelectual, psicología, psiquiatría, química, retrato hablado, topografía, traducción, tránsito terrestre y valuación.

Aquí, habrá que recordar que un perito forense es un experto que posee una sólida formación práctica-teórica en el área criminalística e investigativa, capacitado para auxiliar técnica y científicamente en las investigaciones, en áreas como la búsqueda y análisis de la información, evaluación, fijación, levantamiento, custodia e interpretación de indicios y evidencias. Por lo mismo, es capaz de efectuar pruebas periciales para corroborar o descartar hipótesis, confeccionar informes y defender sus conclusiones en juicios.

VICTIMOLOGÍA

La victimología es el estudio científico de las víctimas a partir de su clasificación, de la determinación de su participación en los hechos que le configuran esa calidad; del establecimiento, cuando así procede, de la relación sociedad-victimario-víctima; de su tratamiento y protección, así como de la elaboración de medidas de prevención victimal.

Para comprender su importancia, tengamos claro que víctima es quien resiente la afectación de algún bien, interés o derecho, individual o colectivo. De algún modo, es vulnerada en el bien jurídico tutelado de la que es titular o padece un daño (verbi gratia, lesiones, pérdida financiera, sufrimiento emocional) por culpa propia, ajena o fortuita; aportaciones invaluables, pues quizá todos seremos o hemos sido víctimas del abuso de poder o de algún delito.

POLÍTICA CRIMINOLÓGICA

La política criminológica es el conjunto de acciones económicas, jurídicas, parlamentarias y sociales derivadas del conocimiento científico; propuestas para prevenir y controlar, de manera planeada y coordinada, las conductas que pueden ser calificadas como ilegales. Su puesta en práctica se denomina política criminal.

Su objetivo es conocer las causas y manifestaciones de la violencia, así como de la inseguridad pública, junto con las respuestas generadas para prevenir, atender y erradicar este fenómeno por parte de la sociedad y las autoridades, buscando explicar los procesos de criminalización y el fracaso de las instituciones para disminuir las tasas delictivas y de victimización, coadyuvando a la implementación de programas exitosos en lo social y en lo jurídico-penal.

Las medidas de prevención y de control incluyen el análisis situacional de riesgos, la colaboración amplia en la procuración de justicia, la intervención correccional, la investigación ministerial asistida por la ciencia forense, un orden punitivo respetuoso de los derechos humanos, prevención victimal y la profesionalización científica y técnica de la policía.

REPENSAR LA POLÍTICA DE SEGURIDAD

Si el derecho es ineficaz, es porque las autoridades no son capaces de hacerlo cumplir y porque la gente se resiste, pese a la amenaza de sanción, a obedecer lo que considera inútil o ilegítimo; cuestión que no debe atenderse con mayor represión, sino con educación, desarrollo social y políticas de prevención.

“En otras palabras, para disminuir los índices delictivos, es necesario invertir en la atención de los factores de riesgo causantes de la delincuencia. Las reacciones políticas —más castigo y más policía— deben erradicarse y ocupar su lugar estrategias y políticas que tengan como línea de acción clave mayor prevención”.[ii]

El interés de los legisladores, ante la presión ciudadana, por aumentar las penas a diferentes delitos, no tiene razón de ser, debido a que no se reduce la inseguridad pública por el hecho de modificar un texto legal; situación que se complica si la gente conoce poco las leyes y si las considera ajenas a su realidad.

Las ciencias penales deben aportar las soluciones que la sociedad demanda, evitando la ruptura del tejido social y transitando hacia un Estado seguro, cada vez más preventivo y menos represivo. Prospectiva, coordinación y honradez, son palabras clave. Enfoque humanista y científico, en el cual “[…] una política que intenta promover la conducta disciplinada y el control social se concentrará, no en castigar a los trasgresores, sino en socializar e integrar a los jóvenes, un trabajo de justicia social y educación moral más que de política penal.”[iii]

La seguridad basada en la democracia y en la política social no debe ceder frente a la política de seguridad policial-militar, cada vez más presente en la atención de conflictos y en el presupuesto de gastos e inversiones federales. El modelo de paz con guerra, declarada particularmente contra el narcotráfico, debe repensarse a la luz de la síntesis criminológica, esclareciendo una pluralidad de modalidades y posiciones delictivas, atendiendo a la génesis y dinámica de las conductas antisociales, relacionando los factores explicativos con los procesos de evaluación y tratamiento, así como proponiendo una nueva política criminal sustentada en la evidencia científica.