Doctor Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
INTRODUCCIÓN
La seguridad pública se ha convertido en una preocupación fundamental de la sociedad mexicana y, por tanto, en una cuestión a resolver por parte de los servidores públicos responsables de garantizarla, quienes, pese a sus esfuerzos, no han sido capaces de frenar la creciente delincuencia.
Es importante señalar que la seguridad pública es una condición necesaria para el fortalecimiento de la sociedad y uno de los principales elementos para asegurar la calidad de vida de todo ser humano; de ahí que sea preciso insistir en la necesidad de adoptar compromisos reales por parte de los actores políticos, sociales, económicos de nuestro país, ya que el combate a la delincuencia, especialmente la organizada, requiere de acciones conjuntas y coordinadas de los distintos ámbitos de gobierno, de la sociedad civil organizada y del sector productivo, que bajo la dirección de una verdadera política de Estado puedan contribuir a erradicar la inseguridad en nuestro país.
DERECHO A LA SEGURIDAD PÚBLICA
El problema de la seguridad pública en México ha sido profundamente abordado en el ámbito académico, así como en algunas instituciones públicas y privadas de nuestro país; ejemplo de ello son el primer (2006) y segundo (2008) informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativo al “Ejercicio efectivo del derecho a la seguridad pública en nuestro país”, en los cuales se analizan las causas que originaron el fenómeno delictivo, así como sus consecuencias en la población mexicana.
Los informes antes aludidos abordan el tema de la seguridad pública desde diferentes puntos de vista, como lo son los planes y programas de gobierno que han surgido en los últimos años, con la intención de contener el delito; las tareas de prevención del delito y el nivel de eficiencia institucional que presentan; el presupuesto público destinado al combate a la delincuencia, así como las acciones realizadas en el ámbito legislativo para dotar de mayores y mejores elementos a los servidores públicos encargados de las áreas de prevención del delito y procuración de justicia del país.
Los resultados obtenidos en las dos investigaciones realizadas por el personal de la Comisión Nacional nos permitieron observar las principales deficiencias que se han presentado en torno a las políticas públicas en materia de prevención del delito y combate a la delincuencia, lo cual contribuye en la adopción de nuevas estrategias capaces de hacer más eficiente el trabajo de los servidores públicos en las diversas instancias de gobierno, con el objetivo de revertir los índices delictivos que actualmente se presentan.
Cuando hablamos de seguridad pública, lo primero que debemos tener en mente es la afectación material de los individuos, ya que son ellos los destinatarios de la acción estatal y quienes resienten en su esfera jurídica la lesión o puesta en peligro del derecho a la vida, a la integridad corporal, a la propiedad, así como de manera directa o indirecta a la debida procuración e impartición de justicia.
Los derechos anteriormente señalados se encuentran previstos en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales, los cuales imponen el deber a los servidores públicos del Estado, de establecer los mecanismos necesarios para garantizar una prevención razonable en la comisión de los ilícitos y el deber de investigar de manera completa e imparcial los mismos, así como la obligación de sancionar a los responsables de su comisión.
INSTRUMENTOS INTGERNACIONALES
Entre los instrumentos internacionales antes aludidos, es necesario señalar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuya observancia de ninguna manera es potestativa para los servidores públicos del Estado, en virtud de ser reconocidos como Ley Suprema de la unión, de conformidad con el artículo 133 de nuestra Carta Magna.
En el plano internacional, también resulta relevante aludir a la Declaración de Viena sobre la Delincuencia y la Justicia: Frente a los Retos del siglo XXI, del Consejo Económico y Social (2000); el Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, mediante la lucha contra la impunidad, de la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU (1997); la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder (resolución 40/34 del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas); los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos a interponer recursos y obtener reparaciones (abril de 2005, Comisión de Derechos Humanos de la ONU); el Manual de Justicia para Víctimas, sobre el uso y aplicación de los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso del poder, Hand Book on Justice for Victims (1999), y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
Sin lugar a duda, los instrumentos internacionales vinculados con el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad pública son múltiples, lo cual nos permite observar la importancia que reviste el tema de su protección en el seno de los organismos internacionales, y que lamentablemente quedan en el plano declarativo, ya que su instrumentación efectiva en muy pocas ocasiones se observa.
Resulta de gran relevancia el señalamiento de los compromisos internacionalmente adquiridos por el Estado mexicano, ya que de ellos derivará la responsabilidad institucional en la que incurra éste frente a organismos como la Corte interamericana de los Derechos Humanos, órgano jurisdiccional supranacional, el cual se ha pronunciado respecto de la obligación de cualquier Estado de observar el principio de debida diligencia, el cual describe el esfuerzo mínimo a realizar, por parte de los servidores públicos de ese Estado, para cumplir el deber de proteger a los ciudadanos de los abusos contra sus derechos, lo cual implica adoptar medidas eficaces para prevenirlos, investigarlos cuando se producen, procesar a los probables responsables y garantizarles un juicio justo, así como proporcionar una compensación adecuada y otras formas de reparación a las víctimas, y garantizar que la justicia se imparta sin discriminación de ningún tipo.
De igual forma, dicho principio nos permite identificar en qué momento los servidores públicos de un Estado incurren en un exceso del poder público, a través de actos que desbordan su competencia o que son ilegales, o permiten y toleran que los particulares, de manera individual o colectiva, actúen libre o impunemente, en menoscabo de los derechos humanos, omitiendo cumplir con su deber de actuar con la debida diligencia, de modo que tal violación quede impune, y no se restablece a la víctima u ofendido en la plenitud de sus derechos; entonces, válidamente podemos afirmar que dicho Estado ha incumplido con el deber de proteger los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción e incurre en responsabilidad internacional.
Bajo el contexto anteriormente descrito, es posible afirmar que los servidores públicos del Estado mexicano han incumplido con su deber de brindar seguridad pública a sus habitantes, ya que ha sido posible generar una política pública de prevención del delito articulada a nivel nacional, lo que se vuelve evidente en virtud de la existencia de diversos planes y programas, pero cuya implementación eficaz ha sido imposible llevar a la práctica.
FALTA CONTINUIDAD EN PLANES Y PROGRAMAS
De lo anterior se desprende que la falta de continuidad en los planes y programas oficiales, la improvisación en el servicio público y la corrupción, entre otros, han generado que las políticas públicas y los planes y programas de gobierno no tengan el éxito para los que fueron diseñados. Las acciones específicas que se han realizado con la idea de lograr una reforma integral al sistema de seguridad pública y justicia penal, consideradas como líneas estratégicas que involucran a los tres ámbitos de gobierno para combatir el delito, han dado resultados insuficientes y en muchos casos inconsistentes.
Respecto a la comisión de los ilícitos en México, es necesario tener presente que existen diversos tipos de cifras, como los son: reales, ocultas, oficiales, aparentes y legales, por lo que es factible identificar la existencia de tres categorías de estadísticas delictivas: a) la que corresponde a los delitos cometidos que no se conocen; b) la de los delitos cometidos que se conocen y no se denuncian, y c) la de los delitos cometidos que se conocen y se denuncian.
Las estadísticas que se publican corresponden en su mayoría a la tercera categoría, y son las conocidas como “estadísticas oficiales”; generalmente cumplen propósitos de medición de la actividad pública administrativa y tienen además fines presupuestales, lo cual nos da una idea del grave problema al que nos enfrentamos, ya que ni siquiera las propias autoridades conocen el impacto real de la delincuencia, y mucho menos son capaces de contenerlo.
Sin lugar a dudas, a partir de los datos obtenidos en las estadísticas, podemos conocer la tendencia delictiva, la incidencia, las tipologías, la percepción ciudadana y la eficiencia institucional. Sin embargo, el problema de la generación de datos confiables sigue siendo un planteamiento actual respecto de la información que debe formar parte de la estadística delictiva, y cómo se deben sistematizar y homogeneizar los criterios de recolección.
Muchas son las cifras que se pueden dar acerca de la inseguridad pública por la que atraviesa nuestro país; muchas de ellas tendrán finalidades políticas; otras, las de llamar la atención de la sociedad sobre el grave problema que enfrentamos; sin embargo, ninguna de ellas refleja fielmente el sentimiento de impotencia que tiene la sociedad en torno a este tema.
COMPROMISO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
De ahí la importancia de que todos y cada uno de los servidores públicos que laboramos en este país, adoptemos un compromiso real, por la protección efectiva del derecho a la seguridad pública, ya que de nada sirve señalar de forma demagógica que la incidencia delictiva está decreciendo, cuando la sociedad reciente dicho flagelo a diario.
Múltiples son las acciones que se han implementado sobre al tema de la seguridad pública, pero la mayoría de ellas han sido incapaces de revertir el fenómeno delictivo. La falta de efectividad en la respuesta gubernamental explica el aumento en la delincuencia, aunado al hecho de la proliferación de factores como la impunidad, que en algunos casos representa incentivo para que un individuo delinca; es común escuchar en muchas familias mexicanas el hecho de que alguno de sus miembros, ha sido víctima, al menos una vez, de un delito, o que se sienten expuestos ante la amenaza real o percibida de serlo, lo que se convierte en un elemento presente en la vida cotidiana de las personas, en la toma de decisiones sobre el trabajo, la vida familiar, la decisión de invertir recursos económicos y hasta de conservar su domicilio en el país, afectando el bienestar de los mexicanos y su calidad de vida; agudizándose la crisis que México ya vivía en este tema, y en donde los servidores públicos del Estado mexicano encargados de garantizar la seguridad pública, aun y cuando han realizado ciertos esfuerzos, no logran brindar una debida seguridad pública a las personas.
Algunos de los problemas más graves sobre los que gira la seguridad pública de nuestro país se ubican en las corporaciones policiales, las cuales enfrentan situaciones que impiden un adecuado desempeño de su función; entre otras, están que: mantienen esquemas extremadamente débiles de rendición de cuentas; no cuentan con sistemas confiables y públicos para la evaluación del desempeño y de la conducta individual de los policías, y no cumplen con estándares profesionales para proporcionar información al público sobre faltas, delitos y percepción de la inseguridad; por otra parte, el incremento en los índices de corrupción, la penetración de la delincuencia en las instituciones de seguridad, y la deficiente preparación de los policías, son factores que preocupan sobre todo por los niveles de impunidad que se están generando, y que propician que el nivel de confianza que existe hacia la policía en general sea muy bajo.
Otro tema que es preciso atender es relativo a la atención que el Estado mexicano debe proporcionar a las víctimas del delito y del abuso de poder, ya que es una materia en la cual no se han impulsado acciones integrales que procuren el apoyo jurídico, médico y psicológico; minimizan el evento, cuestionan de manera innecesaria a la víctima, la descalifican, la ignoran, trivializan el evento o argumentan pesadas cargas de trabajo, de tal modo que el acceso a la justicia y la reparación del daño se percibe fuera de alcance.
MARCO JURÍDICO LIMITADO
Aun cuando se han realizado adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el marco jurídico es limitado todavía, porque no se le reconoce el carácter de víctima a todo aquel afectado por el delito, a quienes podrían ser los testigos o a las personas que hayan intervenido en su auxilio, quienes debieran ser protegidos por disposición de la ley; así como ellas mismas, cuando reciben amenazas o agresiones que ponen en riesgo su integridad y no reciben el apoyo debido, prefieren desistir y no denunciar; pierden interés en el proceso penal, por el trato que reciben de algunos servidores públicos que tienen contacto con ellos, o ante las amenazas o represalias por parte de los delincuentes.
La realidad nacional hace evidente la ausencia de una estrategia para el fortalecimiento institucional que logre la participación de los tres ámbitos de gobierno, los tres poderes, instituciones autónomas y sociedad civil, a partir de un esquema de operación que reconozca la emergencia nacional en la materia, pero a la vez que comprometa a todos los actores políticos en la suma de esfuerzos para hacer un frente común en la lucha contra la delincuencia, con responsabilidades compartidas en la planeación, ejecución y evaluación de las acciones, más allá del mero discurso o muestras de voluntad que poco abonan ante un problema que demanda resultados tangibles, cuantificables y sobre todo con una clara orientación hacia el objetivo que se pretende lograr a corto, mediano y largo plazo.
Una política de seguridad seria y profunda debe atacar las causas de la criminalidad y prever medidas en el ámbito social, de infraestructura, educación y participación de la sociedad, para prevenir o combatir todo factor delincuencial, y así dificultar la comisión de delitos. Es necesario promover políticas más efectivas e integrales para prevenir el delito y no continuar reaccionando solamente por la vía de los sistemas de justicia penal; la política nacional de seguridad pública tendrá que comprender una amplia prevención primaria orientada al análisis de las causas generadoras de los delitos, que sirvan de base para el diseño de las políticas institucionales de prevención de los delitos.
A fin de garantizar el derecho a la seguridad pública en el sentido más amplio posible, se considera conveniente el desarrollo de los siguientes aspectos:
- Lograr el establecimiento de indicadores objetivos por parte de las instancias encargadas de la seguridad pública, para informar a la sociedad sobre los datos estadísticos respecto de las órdenes de aprehensión dictadas, las cumplidas, las pendientes de ejecutarse y los compromisos para lograr su plena ejecución.
- Detectar y eliminar las prácticas institucionales que generan subregistros delictivos, mediante la elaboración de las denominadas “actas circunstanciadas” o “actas especiales de hechos”.
- Propiciar la creación de una instancia plenamente imparcial y autónoma del Ministerio Público, encargada de investigar los delitos en los que se encuentren involucrados policías y demás miembros de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia.
- Impulsar y lograr consolidar una Red Nacional de Atención a Víctimas del Delito, que permita potenciar los esfuerzos de todas las dependencias públicas en los tres ámbitos de gobierno, para lograr: a. Atención de las denuncias; b. Prestación de servicios de asesoría jurídica; c. Atención médica y psicológica especializada de urgencia; d. Medidas de seguridad y auxilio a favor de las víctimas y, e. Creación y aplicación de Fondos de Compensación para atender las necesidades inmediatas de las víctimas del delito.
- Sancionar eficazmente a los servidores públicos vinculados con las áreas de la seguridad pública que resulten observados por los organismos públicos de derechos humanos ante abusos de poder u omisiones que vulneren los derechos fundamentales de los mexicanos.
- Realizar tareas que permitan impulsar y reconocer la profesionalización de las corporaciones policiales y revalorar la importancia de la función que cumplen para la sociedad.
- Que en el marco de las Conferencias Nacionales de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia, de Prevención y Readaptación Social, se tomen las medidas para activar, renovar y coordinar, con toda objetividad, las políticas gubernamentales en el ámbito de la seguridad pública, así como los programas de trabajo que hasta ahora se están instrumentando sobre la prevención del delito, el combate a la corrupción y a la impunidad, la dignificación de los cuerpos policiales, la atención a víctimas del delito y la renovación integral del sistema penitenciario, con la finalidad de que se fomente la cultura de la denuncia y se reafirme el estado de derecho.
- Que en virtud de la problemática derivada de la falta de coordinación adecuada entre las policías preventivas de los tres ámbitos de gobierno, se tomen la medidas conducentes para que se homologuen las acciones que hagan posible la formación de cuerpos policiales preventivos con similar capacidad táctica-operativa, para el análisis y desactivación de escenarios predelictivos, el manejo e integración de información e investigación preventiva y de conocimientos sobre las condiciones particulares del entorno socio-delictivo en el que brindan sus servicios y los derechos humanos.
- El desarrollo profesional deberá basarse en técnicas modernas y en la formación de valores cívicos; el conocimiento de los ordenamientos jurídicos inherentes a su función; la vocación de servicio y de comportamiento ético, con la finalidad de que se transformen cualitativa y cuantitativamente los sistemas operativos, el marco jurídico, la capacitación y la profesionalización policial, así como el régimen disciplinario, las prestaciones sociales, los ascensos y promociones, el equipamiento, los sistemas de información, el respeto a los derechos humanos y los mecanismos de control, de evaluación, de medición de resultados y de mejora continua para elevar la calidad del servicio de seguridad pública.
- Que se promueva la participación ciudadana, bajo esquemas de representación que aseguren la presencia de personas comprometidas con el tema de la seguridad pública, así como relacionadas con los lugares en los que se pretenden ejecutar los planes y programas de acción; se hagan públicos los resultados y se diseñen las estrategias de trabajo sobre la base de las condiciones geodelictivas.
- Con el propósito de lograr una acción eficiente en la prevención del delito y en la reacción ante su surgimiento, es indispensable instrumentar redes de comunicación, a partir de un sólo número telefónico de emergencia en el ámbito nacional que permita la respuesta inmediata y coordinada por parte de las autoridades.
