Licenciado Porfirio Muñoz Ledo
Diputado Federal. Presidente de la Asociación Nacional para la Reforma del Estado
bitarep@gmail.com
La convicción detrás de este artículo supone que México está necesitado de un nuevo proyecto global. Se reconoce que los que tuvo en el pasado han perdido vigencia y que ahora nos encontramos a la deriva, por lo que es fundamental preguntarse si es posible una genuina reforma del Estado en ausencia de un consenso básico.
A pesar de que hoy casi nadie se pronuncia formalmente en nuestro país en contra de la imperiosa necesidad de llevar a cabo una profunda reforma del Estado, los esfuerzos realizados han resultado fallidos. Existe una extendida conciencia pública sobre la urgencia de construir un nuevo sistema político, que asegure la sustentabilidad de la democracia y la viabilidad del país.
Sin embargo, los actores políticos responsables no han avanzado en los acuerdos mínimos que permitirían llevar adelante una empresa de tal envergadura. Hemos caído en la insalvable contradicción del doble lenguaje, que a su vez incrementa el descrédito de la clase gobernante.
La dimensión de la reforma que es menester emprender sólo ha sido entendida de modo gradual y progresivo. Después de los acontecimientos de 1988, a muchos parecía que bastaba un cambio drástico de las instituciones electorales, la ampliación de las libertades públicas y el ejercicio de los derechos ciudadanos para que el país pudiese transitar hacia una democracia plural.
REPRESENTACIÓN POLÍTICA PLURAL
Una vez que pusimos fin al sistema de partido hegemónico y se produjo el pluralismo en la representación política, ingresamos a un nuevo escenario, para el cual no teníamos un proyecto compartido. Tal vez cada uno de los actores involucrados tenía previsiones distintas respecto de las consecuencias del sufragio efectivo sobre la vida política del país.
Llevamos a cabo las modificaciones legales para que el voto se respetara y se generó también la emergencia social que hizo posible el triunfo electoral a los adversarios del poder establecido. Con ello, se satisfizo una gran asignatura pendiente de nuestra historia, pero arribamos a un escenario inédito, en que los contendientes privilegiaron la ocupación y el reparto del poder y desestimaron la reforma institucional.
De este modo dio comienzo un período anómalo de nuestra evolución política, que se prolonga hasta ahora. A pesar de las promesas de campaña y del compromiso explícito de emprender una reforma cabal del Estado una vez que se instalara el gobierno, el Ejecutivo federal, después de convocar el 5 de febrero de 2001 a un gran esfuerzo concertado para la “refundación de la República”, abandonó el propósito en aras de proyectos políticos de corto plazo.
Se dilapidó así la legitimidad carismática de que disponía entonces el primer presidente de la transición. Nadie, por otra parte, mostró interés real en abolir las prácticas autoritarias del pasado ni en combatir las secuelas de la corrupción.
Desde las filas de la oposición habíamos dicho hasta el cansancio que, con el fin del milenio, aspirábamos a la instauración de un nuevo régimen y no sólo a la entronización de un nuevo gobierno. Para ello, era inescapable la revisión del andamiaje institucional y el consenso general sobre las nuevas reglas del juego político. Era imprescindible el establecimiento de un genuino Estado de Derecho.
COMISIÓN PARA LA REFORMA DEL ESTADO
En cumplimiento del compromiso esencial de una alianza política, un grupo numeroso de especialistas y dirigentes políticos instalamos la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado (CERE), que dividimos en seis mesas de trabajo. Tres meses más tarde entregamos 180 propuestas consensuadas sobre la transformación de las instituciones políticas del país, que el Ejecutivo de la Unión dejó de promover poco después de haberlas asumido solemnemente.
Las conclusiones a las que llegamos ese año han servido, no obstante, como referente obligado para agendas e iniciativas ulteriores. Tuvieron, en mi criterio, como principal virtud el descubrimiento público de la amplitud, complejidad e interrelación de los temas comprendidos en una reforma del Estado digna de tal nombre. Revelaron que ésta es, para todos efectos, sinónimo de una nueva constitucionalidad.
No fue sino hasta 2007 cuando el Legislativo ideó un nuevo mecanismo para la concreción de las reformas: la Ley para la Reforma del Estado. Para ello, se previó la creación de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), la cual fungiría como órgano rector y conductor de los trabajos para la Reforma.
La CENCA representaba una interesante novedad que hubiese podido, a través de un procedimiento excepcional, lograr la tan mencionada pero poco comprendida reforma del Estado. La Comisión era un mecanismo similar al propuesto por la CERE en el año 2000, en el sentido de habilitar una comisión del Congreso, a través de un artículo transitorio constitucional, con el propósito de dar vida a la reforma del Estado.
MILES DE PROPUESTAS
A través de este mecanismo, se presentaron seis mil 188 propuestas, 532 de los partidos políticos y cinco mil 656 de la sociedad. Cinco instituciones académicas de prestigio fueron las encargadas de sistematizar las propuestas presentadas, que posteriormente darían origen a la agenda temática de la reforma. Cinco fueron los temas: 1) Régimen de Estado y Gobierno; 2) Democracia y Sistema Electoral; 3) Federalismo; 4) Reforma del Poder Judicial, y 5) Garantías Sociales.
Una de las mayores cualidades de la Ley era el establecimiento de una clara metodología que marcaba la pauta de los participantes, para así arribar a los resultados que se esperaban. Siguiendo esto, se arribó a un importante acuerdo: la reforma constitucional en materia electoral. Como lo marcaba la Ley, las decisiones se tomarían con el máximo consenso posible, lo que facilitó la aprobación de la reforma.
DEBILITACIÓN DE LA CENCA
Sin embargo, después de este crucial momento, la CENCA perdió fuerza, debido, sustancialmente, a que los procedimientos y metodología fueron hechos de lado al privilegiar la opacidad de los acuerdos, hegemonizándolos a grado tal que solamente los tres partidos con mayor presencia en las Cámaras acordaban, y pretendían que el resto fungieran simplemente como espectadores. La falta de compromiso de los partidos fue el factor clave que provocó la debilidad de la CENCA.
Si bien el proceso desatado por la Ley para la Reforma del Estado permitió la revisión de la temática constitucional del país pendiente de modificar y contribuyó a la socialización de las propuestas entre algunos legisladores, numerosos asesores, organizaciones civiles y especialistas, su resultado final fue decepcionante. Solamente la reforma electoral resultó de tan importante esfuerzo.
Habría que pensar sobre todo el método para hacer frente a una tarea de tamañas proporciones, para la cual ninguno de los procedimientos adoptados ha resultado eficaz. Se escuchan voces que, razonadamente, demandan la convocatoria a una asamblea constituyente. Otros opinan que esta Legislatura debería definir con claridad el destino final de este ejercicio. En definitiva, éste es hoy el núcleo central del debate público.
Toda transición que no modifica sustancialmente al Estado desemboca en un reparto de los privilegios y de los vicios del sistema político anterior. Sustituye a menudo las ventajas relativas de una conducción autoritaria por los indeseables pantanos que genera la ausencia de mayorías y la primacía de los intereses facciosos sobre los amplios consensos.
LA REFORMA: TRES GRANDES APARTADOS
La Reforma del Estado debe dividirse en tres grandes apartados.
El primero contendría asuntos relacionados con los temas económicos y sociales, primordialmente el pleno reconocimiento constitucional, exigibilidad y universalización de la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, etcétera, así como la recuperación del poder adquisitivo del salario y la democracia y autonomía sindicales.
El segundo estaría integrado por la reforma a los medios de comunicación, su democratización y la creación de un ente autónomo para su regulación.
El tercer apartado se orientaría al rediseño político-institucional que democratice el sistema, que destierre el autoritarismo imperante y promueva sistemáticamente el diálogo entre poderes, entre éstos y los ciudadanos y transparente las actividades y toma de decisiones de los actores políticos.
Esto tendría como expresión final la adopción de una nueva constitucionalidad.
Nuestro deber más urgente es evitar que se reproduzcan las contradicciones insalvables entre poderes públicos y la impotencia del conjunto del sistema político; impedir que la incompetencia de la clase gobernante ahogue la viabilidad histórica del país.
Estemos conscientes de que las reformas que no seamos capaces de emprender hoy, tal vez no puedan realizarse en un futuro previsible, sino a costa de enormes sacrificios.
EROSIÓN DE LA LEGITIMIDAD POLÍTICA
México necesita rescatar al Estado. La crisis económica ha provocado una enorme erosión de la legitimidad política. La ciudadanía desconfía de la capacidad de políticos y gobierno de encontrar la salida a la precaria y grave situación económica. Las reformas políticas inspiradas en la coyuntura no resolverían los problemas de la gobernabilidad, sino que agudizarían la supremacía de los poderes fácticos sobre las instituciones públicas.
Ante la parálisis de la reforma del Estado, florecen la irracionalidad y el contubernio. Los intentos fallidos de renovación institucional, el poder de los fueros y las corporaciones, la desintegración política y social, la posibilidad de revueltas y la disolución del Estado de Derecho por el ejercicio de la violencia institucional, son indicadores de que estamos en los límites de una crisis irreversible. Es urgente promover, entre todos los actores responsables, una reflexión nacional sobre la supremacía del Estado mexicano.
