Doctor Luis de la Barreda Solórzano
Director General del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, A. C.
ldelabarreda@icesi.org.mx
POLICÍAS Y MINISTERIOS PÚBLICOS
Sí, claro, como señalan académicos, políticos y columnistas, el problema de seguridad pública no es meramente un problema policiaco. Las medidas de justicia social —empleo, educación, combate a las desigualdades socioeconómicas y a la pobreza, rescate de espacios degradados— son el mejor antídoto contra la criminalidad.
Sin embargo, hay un pero: estas medidas dan resultado, en el mejor de los casos, a mediano plazo. Además, no siempre dependen de la buena voluntad de los gobernantes sino del nivel de desarrollo de un país y de condiciones internas y externas que ningún gobierno puede modificar a su antojo. Seríamos mañana mismo un país muy seguro si esta noche nos acostáramos siendo México y mañana despertáramos siendo, por ejemplo, Finlandia; pero no es probable esa metamorfosis.
Nuestro grave problema de inseguridad hemos de resolverlo a partir de las circunstancias pautadas e irrepetibles que nos ha tocado vivir. Nos tocaron tiempos difíciles y sólo nuestras acciones acertadas podrán revertir la situación que hoy se sufre en varias regiones —no en todas, también hay que decirlo— del territorio nacional.
Sí, ya me sé el rollo: buenas policías y buenos ministerios públicos no son por sí mismos la varita mágica para lograr una aceptable seguridad pública, pero sin policías y ministerios públicos profesionales y confiables es impensable un razonable grado de seguridad pública. Esas policías y esos ministerios públicos de calidad se requieren en todo el país. La ya no tan reciente Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública ordena la homologación de los elementos de esas instituciones en los tres órdenes de gobierno. El Consejo Nacional de Seguridad Pública debe establecer los lineamientos precisos para alcanzar la indispensable profesionalización.
No se requiere ser un experto en el tema ni estar dotado de luces intelectuales extraordinarias para saberlo. Todo mexicano lo sabe: nuestras policías y nuestros ministerios públicos son zonas de desastre.
Los policías que nos urgen deben ser profunda y constantemente capacitados —no en unos cuantos meses—, cuidadosamente seleccionados y rigurosamente vigilados por un organismo público autónomo. Los agentes del Ministerio Público que necesitamos deben tener sólida formación jurídica, especialmente en materia penal, estar provistos de los conocimientos criminalísticos suficientes para perseguir los delitos con eficacia y estar sujetos a una supervisión estricta —que hoy no existe— tanto de sus superiores jerárquicos como de los denunciantes. Desde luego, agentes policiales y ministeriales han de ser adecuadamente remunerados.
No es imposible. Otros países lo han conseguido. El objetivo justifica sobradamente los gastos y los afanes que se empeñen en obtenerlo. Es más sencillo pronunciar discursos demagógicos, pero éstos nunca han cambiado una realidad indeseable.
LA GRAVEDAD DEL MAL
El Presidente Felipe Calderón lo ha dicho con una metáfora acertada: los análisis descubrieron que el paciente, cuyo mal no se creía tan grave, estaba invadido de cáncer.
El crimen organizado se ha infiltrado profundamente en comunidades, cuerpos policiacos, agencias del Ministerio Público y gobiernos; está provisto de infinitos recursos económicos y de armas abundantes y poderosas; cuenta con copiosos ejércitos de reserva; carece de cualquier escrúpulo o sentimiento de compasión al cometer sus crímenes; desquicia el orden aun en ciudades hasta hace poco muy seguras (como Monterrey), y ha llevado al gobierno, desconcertado ante la fuerza y la omnipresencia de ese monstruo, a tomar medidas que a veces contrarían esa conquista irrenunciable del proceso civilizatorio que son los derechos humanos. En ocasiones extremas, soldados o policías, presas de una tensión insoportable, porque saben que en cualquier momento pueden ser objeto de un atentado letal, han errado el blanco y disparado a civiles inocentes.
Las bandas al servicio de los capos son muy difíciles de combatir en sociedades donde no hay policías y órganos de persecución del delito altamente profesionales. Sus sicarios están entre nosotros, nos cruzamos con ellos en la calle, en la iglesia, en el transporte público; transitan libremente por cualquier lugar; son invisibles hasta el instante mismo en que perpetran un crimen, y después vuelven a serlo. Son muchos y están en todas partes. Un gobierno no puede tener vigilancia en cada esquina o en cada tramo de las avenidas o en cada rancho.
A diferencia del gobierno, los jefes del crimen organizado no pretenden ganar una guerra: quieren apropiarse de cierto territorio o defender la apropiación; deshacerse de sus rivales; hacer negocio con la venta de droga, la extorsión, el secuestro y el robo de automóviles; aterrorizar a la población para que ésta no los denuncie o incluso pida el retiro de las fuerzas de seguridad.
Me resulta antipática la actitud de quienes, levantando la ceja con desprecio, señalan que la estrategia del gobierno es equivocada sin proponer la alternativa que a su juicio es la correcta. Pero de lo que no cabe duda es de que si la cantidad de delitos graves aumenta, como está ocurriendo; si aún más medios de comunicación intimidados renuncian a su libertad de información; si muchos ciudadanos cierran sus negocios por no pagar derecho de piso o porque las extorsiones los han llevado a la ruina; si muchos habitantes siguen abandonando por temor el lugar en que sus vidas habían discurrido, y si las libertades se están conculcando, no puede decirse que estemos ganando —la sociedad en su conjunto, porque éste no es asunto tan solo del gobierno— la batalla. Las autoridades que se irritaban con las cifras que exhibía el ICESI se salieron con la suya al haberse arrebatado a este instituto la encuesta sobre inseguridad, pero velar un espejo no cambia los sucesos ominosos de la terca realidad.
PARA ENFRENTAR AL MONSTRUO
¿Por qué esa crueldad inaudita, esa saña enfermiza, ese refocilamiento en el indecible dolor ajeno que se está infligiendo, ese encarnizamiento sin límite? ¿A qué grado de deshumanización hay que llegar para comportarse de esa manera?
No me repitan el tópico sociológico o psicológico de que sus condiciones de vida los llevaron a esa condición infrahumana. Otros muchos también tuvieron una infancia difícil, llena de privaciones y maltratos, y tampoco tienen ante sí un horizonte promisorio, pero sólo unos cuantos, poquísimos, se atreven a esos excesos brutales.
Casi todos los narcos y sus sicarios son ostentosamente creyentes religiosos. Su religión les prohíbe matar y conmina las atrocidades con el castigo eterno. ¿Creen realmente en eso? Si verdaderamente creyeran, ¿se atreverían a esos actos salvajes? ¿O su fe es como la que describe Héctor Aguilar Camín, una fe difusa, superficial, inercial, que ni siquiera se asoma a los abismos y complejidades de sus creencias; es decir, una fe que en realidad no es fe? ¿Cómo un ser humano puede hacer de la causación de sufrimiento de otros un oficio y conciliar el sueño, tener apetito, no enloquecer de remordimiento? ¿Cómo puede un ser humano negar con su conducta los milenios de evolución, de cultura, de proceso civilizatorio, y convertirse en un monstruo desalmado?
Luis González de Alba recomienda recordar la carnicería que están perpetrando siempre que una acción del ejército contra esos monstruos desquiciados nos parezca excesiva. Sí, tengámosla presente para no ignorar el riesgo que están corriendo soldados, marinos y policías, valorar su tarea, reconocerla y remunerarla adecuadamente, y para que cuando se acuse a militares —que de ahora en adelante, en acatamiento a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, serán juzgados por tribunales no castrenses— o policías de abuso de poder, se respete íntegramente la presunción de inocencia, y cada vez que se diga que ha aumentado el número de quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra las fuerza armadas y policiales, no perdamos de vista que el relato del quejoso no necesariamente es veraz. Recordemos esa carnicería para que al juzgar el comportamiento de cualquier servidor público de los que la están combatiendo se tome en cuenta el estrés, el temor y la adrenalina que acompañan cada uno de sus movimientos.
Pero también recordémosla para tener claro que nuestros policías, soldados y marinos nunca deben portarse como criminales; que aun al peor de éstos hay que tratarlo no como se lo merece sino humanitariamente, pues la diferencia entre el criminal y el agente de la autoridad radica en que aquél está lesionando los intereses y los valores de la sociedad, mientras éste está actuando en representación de esa sociedad —cuyos miembros queremos vivir en paz y honrando los más altos ideales de la civilización— para hacer respetar la ley. Escribió Borges que el canibalismo es aborrecible y no por eso debemos devorar a los caníbales.
