Juan Roberto Zavala
Los nuevoleoneses vivimos tiempos difíciles en materia de seguridad pública, pues a partir de este año 2016, en nuestra entidad se han intensificado los homicidios y los asaltos en la vía pública y a casas habitación, comercios, bancos, gasolineras; al abordar los automóviles y aún en el transporte público, así como el robo de automóviles.
Este fuerte repunte de la criminalidad se refleja en la encuesta realizada por el Tecnológico de Monterrey, en septiembre de este año, en la que solo el 10.7 por ciento de los nuevoleoneses dicen sentirse seguros, habiendo disminuido también la confianza en la Fuerza Civil de 21.3 a 14.7 por ciento y en las policías municipales de 7.7 a 6.8 por ciento.
Vale la pena mencionar también que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, publicada por el INEGI en julio de 2016, a nivel nacional los espacios donde la población se siente más insegura, son, entre otros: los cajeros automáticos, las calles, el transporte público, las carreteras, los parques y los bancos.
A pesar de las múltiples evidencias es hasta ahora, con la publicación de estas encuestas, que nuestras autoridades estatales han volteado hacia los índices delictivos y ofrecen solucionar el problema en un plazo no mayor a dos meses.
Sin embargo, es necesario recordar que los factores más importantes que fomentan la criminalidad y la violencia son la pobreza y la desigualdad, es decir la falta de oportunidades y de competitividad, la precariedad de los salarios y la concentración de la riqueza.
En relación a esto, recientemente Adolfo Sánchez Almanza, investigador de la UNAM, expresó que el combate a la pobreza pasa por elevar el crecimiento económico y aplicar políticas de justicia redistributiva, por lo que se requiere estabilidad económica, mayor crecimiento de la planta productiva, generación de empleos y corrección del ingreso laboral, para ofrecer una vida digna.
Por eso llama la atención que el gobierno de Nuevo León base sus políticas públicas y presente como el gran logro de un año de administración, la reducción del gasto del Estado mediante, entre otras cosas, el despido de cientos de trabajadores y la supresión de toda obra pública.
Esto es exactamente al revés de lo que necesita el Estado, pues sin una inversión redistributiva en carreteras, calles, transporte, como las líneas 3 y 4 del Metro, pasos a desnivel,etc., se frena el crecimiento y se origina mayor pobreza, con lo que se incrementa la delincuencia.
Ojalá muy pronto tengamos nuevas y mejores políticas públicas, que aunque pendientes de las demandas de la sociedad, tengan como eje central el bienestar del hombre.
