Doctor Fernando Pérez Correa
México es rehén de la corrupción. Los secuestradores de la moral pública no se ubican sólo en el gobierno; también están en la iniciativa privada (nacional y transnacional), los sindicatos, los medios de comunicación, las escuelas y aun las iglesias. El tema no es reciente: desde la fundación del orden colonial, cuando la metrópoli o sus representantes organizaron las primeras formas de gobierno, los conquistadores establecieron mecanismos que confundían los intereses públicos con los privados, para premiar a los vencedores y repartir los despojos de los vencidos.
Con el tiempo, esta corrupción fundacional se generalizó dramáticamente. En particular, los cambios de régimen a lo largo de nuestra historia, hicieron más visibles e inaceptables los extremos de la ilegalidad, inexorablemente contrastados con los principios normativos formales que hemos adoptado. Registro una paradoja de nuestra historia; al avance de nuestra democracia ha correspondido el incesante y apresurado despliegue simultáneo de la corrupción.
Admitamos lo obvio: no es fácil liberarnos de tan añejas y complejas cadenas. Lograrlo reclamaría grandes quiebres en el sistema político, que desnuden, revelen y sacudan complicidades entre los poderes, intereses y privilegios. Cierto: hemos presenciado golpes vistosos, aunque efímeros. Pero extirpar la corrupción precisa de medidas aparentemente menos espectaculares, pero más profundas y efectivas. De lo que se trata es de airear la gestión pública, abrirla al escrutinio general, impulsar sin cesar la acción ciudadana de registro y defensa de los intereses de la sociedad y, confiar a la “contraloría social” la vigilancia de la autoridad.
MAGISTRADOS DE LA LEGALIDAD
En efecto, necesitamos que el ciudadano común, los integrantes de la sociedad misma, instituyan gradualmente costumbres limpias y se constituyan en magistrados de la legalidad. Para luchar contra la corrupción no bastan los inspectores oficiales ni los sistemas de fiscalización institucionales; se requiere la participación comprometida de todos.
La tarea parece fácil, pero constituye una empresa titánica. La corrupción implica una inmensa maraña de factores culturales, históricos, políticos, burocráticos y económicos; sustentada, por si fuera poco, en una solida red de intereses y complicidades. En esas condiciones, encontrarle la punta a la hebra, establecer caminos apropiados para empezar y mantener la lucha, y combatir eficazmente a esta hidra maligna, reclama contar precisamente con lo que no tenemos aún: una gran coalición ciudadana inspirada y decidida a fundar un nuevo clima ético. La realidad omnipresente y porosa del fenómeno impide a muchos confrontarlo; otros más contribuyen, como cosa natural, a su reproducción; en fin, menudean quienes responden con desaliento ante una situación que parece irremisible. Y, sin embargo, silenciosa y tenazmente, la conciencia ciudadana se ha movido en la dirección de una restauración de la dignidad de los espacios públicos.
CAUSAS, RELACIONES Y CONSECUENCIAS
Inspirados en el método de Montesquieu, que aconsejaba descubrir y hacer visible el “Espíritu de las Leyes”, es importante que analicemos el concepto de corrupción, sus causas, relaciones y consecuencias, y que hagamos el diagnóstico y la crítica de la situación que hace posible escamotear la aplicación de la ley e imponer impunemente su violación.
Lo que se intenta, al proponer esta línea de acción, es explicar y comprender el calibre de un proceso social vicioso de gran envergadura, consistente en el establecimiento, la expansión y el afianzamiento de un sistema legal dual, formalmente impecable, aunque en la práctica sustituido por un orden informal, consagrado por la fuerza de los intereses y arraigado en una cultura de la simulación. La corrupción es un proceso que desborda lo que acreditan un acta, un video, o la sumatoria obtenida en el expediente por el funcionario que desahoga un proceso. Se trata de una cuestión de magnitudes, cuyo potencial pone al descubierto la fragilidad de los procesos sociales jurídicamente regulados…
Es importante reflexionar también sobre los antídotos eficaces contra la corrupción, fundados en el conocimiento de las complejidades de la realidad, para desalojar esta práctica dominante y para erradicar, en particular, a cada una de sus diversas especies; en fin, para aportar propuestas prácticas que hagan posible la restauración de la convivencia en el derecho y confieran a esta plaga un papel de desviaciones marginales sometidas por el imperio de la ley.
Conviene evitar que, en el combate a la corrupción, suceda algo análogo a la suerte que corrió la defensa de la ecología: ambos son temas que concitan un apoyo retórico entre la ciudadanía, tan unánime como vacio, y que convierten a las políticas públicas y sus estrategias en lugares comunes, dispositivos ideológicos, o pantallas para desviar la atención e impedir el registro de la ausencia de proyectos oficiales o, en el peor de los casos, el registro de simples instrumentos de venganza coyuntural entre la clase política.
A no dudarlo, la corrupción pudo haber servido funciones económicas y sociales: acomodar la vigencia formal de la ley y el principio de igualdad entre las personas, con la palmaria profundidad de las brechas con que la desigualdad fragmenta a la sociedad. Sin embargo, el argumento cínico es pasmoso: si todos somos iguales para competir en el orden de los contratos, licencias, permisos, concesiones o subsidios, ¡dejemos las cosas así!, y reconozcamos, también, que no todos somos iguales en el acceso a las redes, favores, acuerdos y distribución de contraprestaciones.
Al orden de la igualdad formal, se sobrepone entonces, sin ruidos ni aspavientos, la realidad concreta de la desigualdad de acceso a la atención y a la complacencia de la autoridad. Quedan cubiertos así los requisitos formales de la ley y las restricciones impuestas por las desigualdades concretas. La corrupción hace posible regular formalmente la producción, el comercio y la promoción de bienes y servicios, sin detrimento de la puerta trasera, la que permite otorgar y recibir informalmente gracias y favores.
La expansión y profundización de la desigualdad poseen una dinámica propia: sin ofender visiblemente al Estado de derecho, hacen posible que la corrupción reconcilie la brecha entre norma y conducta. Pudiera incluso afirmarse que la corrupción alienta la formación de capitales y fortalece la inversión y el desarrollo, ambos resultados bienhechores y globalmente racionales para la expansión de mercados modernos.
CORRUPCIÓN, LA PEOR ALTERNATIVA
Pero el cinismo es interesado y falaz: no olvidemos que la corrupción tiene límites y desventajas de gestión, análogas a la expansión sin control del sector público, sin contar con ninguna de sus ventajas; y, sobre todo, carece del contenido de justicia de éste: al contrario, ofrece la peor alternativa: las rigideces del crecimiento no competitivo y los abusos de la apropiación privada del esfuerzo común.
Hoy lo sabemos: el resultado estructural de estas formas atípicas es desastroso: viola los principios del orden público y las reglas de los mercados; en cambio, es funcional para preservar las reliquias de las sociedades primitivas y es fatal para los principios de la democracia. Pero reconozcamos que el cielo no está cerrado, que es perceptible la gradual generación de alternativas. Hoy, la transparencia en los espacios públicos se ha franqueado un camino incontrovertido; los ciudadanos contamos con medios eficaces para tener acceso a la información pública; ha cobrado fuerza el principio de rendición de cuentas, pese a sus aplicaciones parciales e incompletas; en fin, la impunidad ha dejado de ser el principio inconmovible que conduce a nuestras administraciones públicas.
HAY AVANCES, PERO SON INSUFICIENTES
Cierto, se trata de avances aun insuficientes y, acaso, de pasos apenas balbuceantes… ¡Razón de más para mantener sin concesiones la demanda en el ámbito de la responsabilidad! Me parece igualmente cierto que estos avances en algunos casos han atropellado las atribuciones de los gobiernos locales y los municipios; que en el orden federal subsiste una práctica opaca y reticente a la rendición de cuentas, y que la tarea está aún en un estadio muy tentativo: el proceso es reversible y las resistencias ya se estructuran mejor.
Ya conocemos una parte de la historia. Como señala un clásico del tema, Stephen D. Morris: “La corrupción concede al gobierno el lujo de no cambiar nada, mientras aparenta estar promoviendo el cambio”. Ahora conviene agregar la otra parte: no hay ninguna resistencia sustantiva de la cultura mexicana a la ética pública, al espacio abierto, a la transparencia; lo que ha habido, ha sido una colección de avances parciales y la lucha por mantener la batalla por una revolución moral y estructural aún inconclusa.
De este tema, fundamental para México, dependen tanto la viabilidad como la moral de la Nación.
