Indira Kempis
¿Cómo le hace la ciudadanía para incidir en las decisiones públicas de la ciudad? Primero, debemos entender que la participación ciudadana es indispensable para construir una democracia que sólo sea representativa sino participativa y deliberativa. Esto significa que nuestra intervención en las soluciones de los problemas que son comunes van más allá del voto, requieren de nuestra atención diaria tanto individual como colectiva para organizarnos e intervenir en los asuntos públicos con mecanismos específicos que bien pueden ser autónomos o institucionalizados.
Uno de los puntos de reflexión más importante en ese proceso de organización es la incidencia pública, es decir, aquellas acciones colectivas que permitirán hacer transformaciones importantes, sobre todo en la gestión pública, éstas por ser las que aparentemente no nos competen porque por Ley son designadas a los servidores o funcionarios públicos. Si así es, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros?, ¿cómo hacer una vinculación entre la participación y la gestión de gobierno?
Uno de los caminos planteados es la formación de asociaciones civiles que tengan facultades legales en diversos campos. Sin embargo, esto tampoco se traduce en una influencia directa en la toma de decisiones. La otra es por medio de la manifestación o los grupos de colectivos autónomos. No obstante, la gran desventaja es que los procesos comunitarios son relativamente lentos. Una más que se ha planteado es la gestión mediante el cabildeo o la implementación de proyectos de evaluación sobre la gestión. Sin embargo, éstos son muy pocos porque necesitan especialistas, inversiones y creación de herramientas.
Aunque tampoco quiere decir que esas tres vías no permitan cambios profundos en las decisiones públicas, se requiere de más mecanismos que permitan hacer conexiones entre esas opciones y, al mismo tiempo, plantearnos nuevos retos para la participación. Por eso es importante para las ciudades contar con leyes, reglamentos específicos o consejos ciudadanos con voto que permitan obtener nuevas metodologías o mecanismos que pueden ser a nivel federal, estatal o municipal.
No debe ser objetivo del Estado suplantar su autoridad, sino abrir esos canales que permitan darle voto en lo público a las diversas voces de los ciudadanos. Es también obligación contar con expertos en la materia que pueda hacer las “traducciones” respectivas para establecer acuerdos. En Nuevo León, la Ley de Participación Ciudadana es una de las opciones que permitirían lograr tal incidencia pública que nos de las herramientas necesarias para hacer ciudad en diferentes temas que son prioridad ante la crisis que vivimos.
