Doctor Jorge Carpizo
Las instituciones las hacen funcionar y las actualizan las personas. Instituciones correctamente estructuradas no funcionan adecuadamente si en los cargos directivos no se encuentran las personas idóneas. Cuando los servidores públicos son incompetentes, irresponsables, no comprometidos con su labor o corruptos, o una combinación de algunos o de todos estos aspectos, las mejores instituciones se encaminan ineluctablemente al fracaso.
La situación anterior resulta más grave si se inscribe en un clima social de desprecio a la ley, de tolerancia a la corrupción, de impunidad, de pérdida de valores morales laicos y de mentiras.
QUINTETA FATÍDICA
En mayo del año 2000 dibujé, a grandes trazos, algunos aspectos del sistema político mexicano y el panorama moral del país, determinado por una quinteta de graves problemas: poder, dinero, corrupción, impunidad y mentiras.
Durante la Segunda Guerra Mundial y los tres decenios siguientes, México vivió un trascendente crecimiento económico -el desarrollo estabilizador- en el cual el aumento del producto nacional bruto alcanzó porcentajes muy importantes; la inflación estuvo bajo control; en algunas épocas; el salario de los trabajadores aumentó realmente; se creó y fortaleció una clase media, y la educación pública -principalmente la universitaria- propició la movilidad social. La esperanza de mejores niveles económicos y sociales para gran parte de la población conformaba un ambiente estable, tanto en lo político como en lo social, aunque surgieron algunas inconformidades, algunas de especial gravedad.
La deuda externa de México hasta 1970 -alrededor de tres mil millones de dólares- era aceptable, dado el tamaño de la economía. El país gozaba de prestigio mundial por su política internacional autónoma y su defensa del principio de no intervención, que en diversas ocasiones lo alejaron de los intereses y motivaron presiones estadounidenses.
El sistema político era examinado con curiosidad e interés por propios y extraños; un remanso de estabilidad, aunque ya contenía los gérmenes de su deterioro, en una América Latina convulsionada por frecuentes golpes de Estado. Este sistema político giraba alrededor de dos ejes complementarios: un partido político hegemónico, cuyo jefe real era el presidente de la república, lo cual le permitía designar a gobernadores, legisladores federales y principales presidentes municipales. En esta forma, tenía en sus manos al Congreso de la Unión, en donde su partido, por décadas, controló en la Cámara de Diputados más del noventa por ciento de las curules, y en la de Senadores, el cien por ciento.
Al no tener ningún contrapeso en el Senado, el presidente nombraba a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y éstos aceptaban la sugerencia presidencial acerca de quién los debería encabezar.
LA PAZ DE LOS SEPULCROS
El partido hegemónico se integraba -y se integra- por sectores, y las principales organizaciones laborales, campesinas y populares pertenecían a él; sus líderes eran parte de la élite política, en virtud de que se les premiaba primordialmente con gubernaturas, diputaciones, senadurías y magistraturas. Sólo existía un partido de oposición con alguna fuerza política; los otros, muy pequeños, eran satélites del hegemónico; postulaban como candidato a la Presidencia de la República a la misma persona que el partido hegemónico. La vida política estaba cercana a la paz de los sepulcros, salvo cuando surgían fuertes disputas por el poder en el partido hegemónico, las cuales en varios sexenios pudieron casi diluirse.
Fue un sistema que supo cooptar a los opositores y críticos valiosos, encauzar y canalizar las inquietudes sociales. El sistema político fue mayormente aceptado -con sus honrosas excepciones-, y las críticas en esos años fueron muy escasas. Líderes intelectuales, religiosos, sociales; políticos de oposición con prestigio y fuerza, constituyeron sus soportes; las críticas, cuando las había, eran débiles. Incluso, muchos de los políticos que posteriormente han sido importantes en el proceso de la democratización del país, en esos años formaban parte de este sistema.
Empero, huvo elementos positivos, como la estabilidad política, el crecimiento económico, un tinte social representado en aspectos como la educación pública gratuita, los derechos de los trabajadores, la reforma agraria, la seguridad social, la seguridad pública y un buen margen de libertades. Ese sistema no fue una dictadura ni un régimen totalitario. No obstante, tenía en sí los elementos de su propia destrucción.
La pobreza de amplios sectores no pudo ser superada; la economía comenzó a perder su vigor y las crisis económicas recurrentes asolaron al país. La gran desigualdad social se profundizó; cada día; los ricos fueron y son menos, pero más ricos, y los pobres más y más pobres.
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
La permanencia en el poder de un solo partido y el hecho de que la alternancia política no era una posibilidad cercana, trajeron consigo corrupción e impunidad, enfermedades que crecieron e invadieron todos los rincones del país. Desde el presidente de un municipio pequeño hasta el de la república, sabían que su sucesor -salvo pocas y no importantes excepciones- los protegería como salvaguarda del sistema del partido político hegemónico.
La corrupción tenía un amplio margen de tolerancia social. Se robaba del presupuesto, pero más común era la realización de negocios aprovechándose del cargo; al dejar éste se tenía una fortuna chica, mediana o inmensa, según fuera el caso, pero no lícita; y quien lo hacía seguía siendo aceptado socialmente, incluso más, con la adición y prestigio que otorga el dinero.
Hubo políticos honestos en el partido hegemónico; se les consideraba tontos, ya que no aprovechaban la oportunidad que se les presentaba. La corrupción fue permeando otras capas sociales: los empresarios que hacían negocios con el gobierno; los dueños de los medios de comunicación, que recibían “prebendas” y exención de obligaciones fiscales; los comunicadores, que se beneficiaban con los conocidos “chayotes”; los ministros de iglesias, que recibían “limosnas” de origen dudoso, pero especialmente la no aplicación de la ley.
En otros niveles, líderes sindicales que aceptaban “regalos” de los patrones o que se convirtieron en grandes contratistas; ciudadanos que preferían dar una “mordida” al policía o al burócrata, que pagar una multa o realizar normalmente un trámite; jueces que fueron comprados por una de las partes en el juicio. La corrupción y la impunidad se fueron extendiendo, y haciéndose cada vez más grandes.
El partido hegemónico y su jefe -el presidente de la república- tenían un poder casi absoluto, sin el equilibrio real de los otros dos poderes, del sistema federal ni la posibilidad de la alternancia en el poder. La corrupción y la impunidad continuaron avanzando; invadieron algunos de los estratos más altos de la política, del empresariado, de las finanzas, de los medios de comunicación, e incluso de líderes religiosos.
En cualquier país en que un partido político permanece indefinidamente en el poder, se dan casos -más o menos graves, generalmente muy graves- de corrupción e impunidad. La situación de México no es como es porque sea México específicamente, sino porque un poder que no posee contrapesos -y no tiene uno de los más importantes: la posibilidad de la alternancia en el poder, derivada de la decisión de una elección libre- caerá con más facilidad en la corrupción y la impunidad.
Esa falta de contrapesos y la acumulación de facultades en el presidente comenzaron a tener consecuencias en la economía, debido a decisiones erróneas en este campo. Decisiones muy delicadas, que afectarían todo el marco económico del país, no fueron discutidas ni aprobadas en el Congreso ni encontraron mayor oposición, pero la realidad hizo pagar costos muy elevados al país y a su población: desempleo, inflación, crecimiento desorbitado de la deuda pública interna y externa, bruscas devaluaciones, profundización de las desigualdades sociales, pauperización de la clase media y trabajadora.
DINERO, PODER, IMPUNIDAD
Los niños y jóvenes nacieron y crecieron en este ambiente político y social, en el cual los dos valores más importantes y relacionados entre sí fueron y son: poder y dinero a como dé lugar. Lo único valioso es poseerlos, ya que ellos atraen todos los demás aspectos positivos de la existencia: felicidad, prestigio, reconocimiento.
Poder y dinero fueron y son compañeros de un tercer factor: la impunidad. Se podía hacer casi de todo para adquirir poder y dinero, y las posibilidades de que nada adverso aconteciera eran muy altas; en lugar de castigos, se obtendrían premios; peor ejemplo no podía existir para niños y jóvenes.
Para subir en la pirámide del poder, “todo se valía”, mucho más la simulación y el engaño. Una de las bases del sistema era y es la frase: “sí, señor”, la cual funcionaba desde la cúspide -el presidente de la república- hacia abajo, pasando por todos los niveles del poder político. No se sabía y no se sabe quién es quién; alguien podía trabajar junto a otro durante muchos años y, al llegar a un cargo muy importante, éste mostraba su verdadero rostro a los funcionarios que le estaban subordinados; para los de arriba, continuaba siendo el “sí, señor”.
En varias ocasiones, el presidente designó a su sucesor, basado en una serie de cualidades que le había demostrado durante los largos años que habían trabajado juntos, pero durante la campaña presidencial, o a partir de que la banda presidencial cruzaba el pecho de su sucesor, veía con horror que se había equivocado; que el delfín era completamente diferente de lo que se había imaginado, y eso que se suponía que él estaba vacunado contra la simulación y el engaño, porque fueron precisamente los instrumentos que él mismo había empleado para escalar, y a él no lo iban a engañar. Estaba vacunado y alerta, pero…
Los niños y los jóvenes veían y vivían en tal atmósfera social y política; eran temas en la conversación cotidiana de los mayores: corrupción, simulación, mentiras, engaños e impunidad. Nunca será acertado generalizar, pero la corrupción permeó y se apoderó de gran parte del sistema. El sistema propició la compra de jueces y magistrados; líderes sindicales obtuvieron grandes fortunas por contratos de obras o por un porcentaje de ellas; empresas proveedoras del gobierno vendieron, a precios altos, productos de baja calidad, e incluso inservibles o echados a perder; líderes sociales y políticos de “izquierda” vivieron como millonarios norteamericanos. Se decía: piensan como Carlos Marx y viven como Carlos Trouyet, uno de los hombres más ricos del país en aquel entonces; funcionarios-empresarios hicieron negocios jugosos y, cuando se podía, daban mordidas al presupuesto.
La impunidad era pura y absoluta, a menos que un funcionario o autoridad importante hubiera caído de la gracia del señor presidente; entonces sí, todo el peso de la ley contra él, pero no como un acto de justicia, sino de venganza y de advertencia para los demás: se puede hacer todo lo que se quiera, menos molestar o disgustar al presidente, porque entonces sí se demostrará cómo se aplica la ley en el país.
El dinero y el poder como valores supremos; la mentira, el engaño, la simulación, como sus parientes cercanos o instrumentos necesarios para su obtención, y la impunidad como el manto protector de esos “valores”. El éxito de quienes han obtenido poder y dinero sin importar los medios empleados; consideración y prestigio sociales para quienes escalaron la pirámide social y política, y representan esas desvergüenzas, sin importar sus biografías y sus ilícitos.
IMPUNIDAD Y NARCOTRÁFICO
Esta atmósfera moral se agravó por la impunidad, que hizo cada vez más audaces a los delincuentes de cuello blanco, y por el narcotráfico, el cual implica que pasan ríos de oro -decenas y cientos de millones de dólares- cerca o muy cerca de funcionarios públicos, empresarios, banqueros, comunicadores, jueces, sacerdotes, policías, y ya la opinión pública sabe -los casos aumentan- que muchos no resisten la tentación. El narcotráfico ha sido un factor multiplicador de la corrupción en nuestro país, porque los valores morales ya habían sido lesionados por el sistema descrito.
Así, por ejemplo, incluso en estados y ciudades conservadores, llegaban desconocidos y compraban grandes empresas, depositaban grandes cantidades en los bancos, adquirirían residencias lujosas, comenzaban a frecuentar a las mejores familias del lugar, las cuales aceptaban asistir a sus fiestas, e incluso a emparentar políticamente y a ser socios de los recién llegados. ¿Quiénes eran? No se sabía ni se quería saber, pero poseían fortunas inmensas y entonces eran bienvenidos.
Ellos daban grandes limosnas y tampoco nadie preguntaba quiénes eran; para qué, si con ellas se podían construir obras extraordinariamente lujosas, como llegó a ocurrir en el seminario de Tijuana, en el cual, posteriormente, dormían buscados narcotraficantes.
La regla del narcotráfico: plata o plomo, llegó primero a policías y fue subiendo de nivel: jefes, políticos de rango mediano, agentes del ministerio público, comunicadores de poco prestigio, jueces federales, soldados; poco a poco los niveles fueron subiendo hasta alcanzar a algunos de los más altos.
La mentira y el disimulo -¿cinismo?- como parte del sistema. ¡Todos somos inocentes!: políticos, empresarios, banqueros, comunicadores, sacerdotes, líderes sindicales y sociales. Todos lo pregonan y cada quien defiende su caso. Todos dicen que pueden justificar las mansiones en que viven; su colección de carros; sus casas de campo aquí y en el extranjero; su esposa e hijas adornadas con las alhajas más caras; todo ese dinero proviene de fuentes lícitas, sostienen. Poder, dinero, corrupción, impunidad y mentiras: la quinteta de la muerte para México.
UNA HIDRA DE UN MILLÓN DE CABEZAS
Los escándalos florecen -porque ya es imposible ocultarlos-; la consolidación de una sociedad más crítica, alerta, cansada de tantos abusos, no ha podido detener el fenómeno de la corrupción ni disminuirlo; probablemente en algunos sectores haya aumentado, como todo lo relacionado con el narcotráfico, los contratos públicos y los rescates bancarios y de carreteras. La corrupción, una hidra de un millón de cabezas.
La sociedad mexicana de nuestros días tiene que informarse, pensar y reflexionar: no creer a nadie, sino llegar a sus propias conclusiones. ¡Pobre sociedad mexicana, tan engañada! ¡Pobre sociedad mexicana a la que tanto se le ha mentido y se le sigue mintiendo! Si sólo la engañaran algunos líderes políticos, la situación sería preocupante, no alarmante; pero también se han acostumbrado a hacerlo algunos líderes empresariales, bancarios, sindicales, sociales, religiosos, de los medios de comunicación, académicos, intelectuales y del ambiente artístico.
Poder, dinero, corrupción, impunidad y mentiras es el ambiente moral dentro del cual han crecido nuestros niños y jóvenes; es el ejemplo que generaciones y generaciones de mexicanos les han dado, y éstos -niños y jóvenes- es lo que han querido y quieren alcanzar en su existencia: poder y dinero a como dé lugar; además, si es hábil, inteligente y bien relacionado, gozará de impunidad. Las desvergüenzas de la quinteta de la muerte son vicios muy antiguos y arraigados en nuestra sociedad. Los conoció y sufrió la sociedad colonial; perduraron en el siglo XIX y en las tres primeras décadas del XX en nuestro país.
Mis reflexiones en relación con el mencionado quinteto de la muerte, en mayo de 2000, versaron respecto a las décadas del partido hegemónico, debido a que mi existencia transcurrió en aquéllas; esa atmósfera moral no fue un relato sino un espectáculo vivo y cotidiano.
Sin embargo, las páginas siguientes verifican que el peso que le asigné a la existencia del partido hegemónico fue exagerado. La realidad, por desgracia, así me lo demuestra, en virtud de que el partido hegemónico desapareció, y la quinteta de la muerte: poder, dinero, corrupción, impunidad y mentiras continúa gozando de estupenda salud y energía.
En julio del año 2000, el Partido Acción Nacional ganó las elecciones presidenciales. Las expectativas fueron enormes desde los más diversos ángulos; la campaña del candidato presidencial ganador se había basado, en gran parte, en un discurso sobre la honestidad y la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad.
En ese momento, los entonces partidos políticos de oposición ya gobernaban a casi la mitad de la población de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios. Es verdad que se escuchaban rumores de corrupción en algunos de esos gobiernos, pero no se presentaban pruebas, lo cual se hizo pasados los años. Además, nos resistíamos a admitir que los gobiernos locales y municipales de los partidos de oposición, estuvieran incurriendo en los mismos vicios que el partido hegemónico, debido a que por decenios sus banderas habían sido la honestidad y la lucha contra la corrupción. Parecía inconcebible que al llegar al poder, incurrieran en los vicios que tanto habían criticado.
Se pensaba que la situación cambiaría cuando el partido hegemónico perdiera la presidencia de la República y, desde esa posición de poder, se lucharía por extirpar los cánceres que corroen la moral pública del país y que lo han conducido a crisis de proporciones mayores; una de las últimas fue la devaluación del peso en diciembre de 1994, la que se avisó con anterioridad a importantes banqueros y empresarios, quienes sacaron miles de millones de dólares del país -los extranjeros retiraron sus fondos hasta febrero de 1995.
A fines de la década de los años ochenta, se vislumbró el comienzo del fin del partido hegemónico y la conformación de un sistema federal tripartito de partidos políticos. Ese año, el partido hegemónico, aunque conservó una pequeña mayoría en la Cámara de Diputados, ya no contó con el quórum necesario para realizar reformas constitucionales por sí solo, y se generó un contexto en el que le era necesario negociar dichos proyectos; además, comenzó a perder gubernaturas: Baja California, Guanajuato y Chihuahua.
En 1997, no contó con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y perdió las elecciones para jefe de gobierno en el Distrito Federal. El sistema tripartito de partidos políticos se consolidaba. No obstante, la quinteta apuntada: poder, dinero, corrupción, impunidad y mentiras, continuó. Los ejemplos sobran. Uno es más que suficiente por paradigmático: el FOBAPROA, que se creó para rescatar el sistema bancario del país. El gobierno no podía permitir el colapso de dicho sistema. Si los mecanismos que se crearon fueron los apropiados o no, no es asunto inherente a mi planteamiento; sí lo es la inmensa corrupción que existió en el manejo del mencionado FOBAPROA, y de la cual existen testimonios fidedignos. Los bancos se vendieron a consorcios extranjeros.
Diversas voces señalaron esa inmensa corrupción; se aportaron pruebas, pero nada aconteció: continuó la corrupción y la impunidad, la mentira y el cinismo. Los beneficiados del FOBAPROA exhibieron su poder y su dinero sobre la pobreza y miseria de decenas de millones de mexicanos; algunos de ellos gozan de prestigio social y se les considera señores de respetabilidad. La atmósfera nacional cuajada de cinismo.
En la última etapa del partido hegemónico, y cuando los partidos de oposición gobernaban estados y municipios, la quinteta apuntada continuaba estableciendo sus fueros, como si la realidad política no hubiera cambiado.
Las esperanzas de que ¡al fin! la Presidencia de la República la ganara un partido de oposición se convirtió en realidad. Además, en 2000, en las dos cámaras legislativas federales, ninguno de los tres grandes partidos políticos obtuvo la mayoría de los asientos*. El sistema tripartito de partidos políticos se había consolidado en el país, cuando menos para los años venideros. Los pesos y contrapesos constitucionales, en un contexto como éste, podrían funcionar y, ahora sí, era posible comenzar a combatir la corrupción, la impunidad, los desvíos de poder y el ambiente lleno de mentiras en que el país había vivido.
El gobierno federal 2000-2006 poco hizo al respecto, y en varios renglones se retrocedió en relación a los efectos de la mencionada quinteta mortal. Unos cuantos ejemplos dan idea de lo acontecido: los casos de: Amigos de Fox, Pemexgate, los supuestos negocios ilícitos de los hijastros de Fox, el aumento del narcotráfico y la impunidad de que gozaron algunos de los carteles de ese flagelo; el contubernio de sectores del gobierno con algunos empresarios, para realizar inmensos negocios.
A su vez, en el gobierno del Distrito Federal, la situación no cambió: las “mordidas” crecieron en monto; la sociedad contempló videos en que funcionarios locales recibían miles de dólares en billetes, y obras cuyos costos nunca se transparentaron. Las anécdotas son interminables, pero reflejan bien el panorama del sexenio 2000-2006.
Algunas de ellas: a un secretario del gabinete, muy cercano al presidente, le advirtieron lo peligroso de su reciente cercanía con un personaje probablemente ligado al narcotráfico. Su contestación fue: “me gustaría poseer la vigésima parte de su fortuna; continuará siendo mi amigo”. Se presionó a empresarios para que “donaran” fuertes cantidades de dinero a la fundación de la señora Fox, o regalos a la pareja presidencial, a cambio de favores y prebendas gubernamentales.
México configura un sistema tripartito de partidos, pero la quinteta de la muerte continúa tan fuerte y vigorosa como siempre. La primera conclusión que se deriva de la anterior afirmación es preocupante: la raíz de esa quinteta no responde sólo o predominantemente a factores políticos. La enfermedad es más profunda y extendida de lo que parecía, y de lo que yo mismo consideraba.
En México, el fin del partido hegemónico hasta ahora no ha afectado a la quinteta de la muerte, sino que en varios aspectos los ha fortalecido: el cinismo ha aumentado, las mentiras se han multiplicado y, por el hecho de que durante décadas estuvieron en la oposición política, muchos servidores públicos, federales, locales y municipales, ven justificado hacer lo que antes criticaron: utilizar el poder para enriquecerse, para establecer alianzas de toda índole en beneficio propio y para negociar impunidad.
Los poderes públicos y los poderes de hecho se encuentran en una connivencia de beneficios mutuos, vista en pocas ocasiones, aunque existen excepciones.
TOLERANCIA SOCIAL
Existe un alto grado de tolerancia social a la corrupción y a la impunidad. Una oración resume lo acontecido en esos seis años -de 2000 a 2006-, que tienen décadas de antecedentes, aunque no tan burdos ni cínicos. Ante la repentina y exhibida riqueza de los hijastros del presidente, el padre de éstos declaró: “mal harían de no aprovechar la oportunidad que se les presenta”. La reacción social ante tal descaro fue mínima, más bien se prestó a bromas. No resisto la tentación de asentar lo que expresó uno de los jerarcas religiosos más importantes de México, en una cena, con una sonrisa parecida a la de la Mona Lisa: “el dinero no es Dios, pero casi lo es”.
La moral pública en México se encuentra enferma, y es un estado difícil de superar, debido a que su saneamiento implica un cambio de mentalidad, y ello es lo más difícil y prolongado de alcanzar, pero es posible y debe ser posible por el bien del país.
PARA COMBATIR A LA QUINTETA DE LA MUERTE
Enuncio algunas acciones que serían efectivas para combatir la quinteta de la muerte: poder, dinero, corrupción, impunidad y mentiras, que asuela y denigra a nuestra nación:
a) Lucha frontal y sin cuartel en contra de la corrupción, por parte del gobierno. Tolerancia cero. No más discursos, sino acciones y más acciones.
b) Simplificación de trámites administrativos, para que el ciudadano cumpla en forma sencilla con sus obligaciones, y el margen discrecional del servidor público sea mínimo
c) Campañas de concientización en los medios de comunicación, para que la sociedad se involucre en la lucha contra la corrupción, para ir desterrando la cultura de la “mordida”, gratificaciones, pago de porcentajes, regalos a los servidores públicos. La corrupción aleja, entre otros factores, la inversión extranjera, lo que trae como consecuencia menor creación de empleos, cuando tenemos un déficit de los mismos.
d) Hacer efectivo el principio democrático de que nadie se encuentra por encima de la ley, y nadie debe solicitar excepciones a su aplicación. Es decir, impunidad cero. Se debe comenzar con la aplicación de la ley en casos paradigmáticos para que la sociedad comprenda que no es una campaña más, que no son simples palabras; sino la manifestación de real voluntad política de aplicar la ley.
e) Hay que propiciar cambios en las actitudes mentales; que los niños y jóvenes comprendan que los dos valores más importantes no son el poder y el dinero.
El poder no pertenece al servidor público sino a la comunidad, y debe estar al servicio de ésta, y no del funcionario. Si no es así, a este último hay que exigirle responsabilidades.
Toda persona tiene derecho a disfrutar el producto de su trabajo, obtenido dentro de los marcos legales. El dinero debe provenir de fuentes lícitas.
La sociedad tiene que estar alerta. No es posible que le guarde respeto a quien ostenta una riqueza inexplicable -que generalmente es muy explicable-; a quien tiene “relaciones peligrosas”, como puede ser con gente próxima al crimen organizado, o a quien le miente y le vuelve a mentir.
f) Abrir, con toda seriedad, el debate social sobre la quinteta de la muerte que aflige a nuestra sociedad.
g) Convertir a los órganos fiscalizadores, como la Auditoría Superior de la Federación y sus análogas en las entidades federativas y en el Distrito Federal, en verdaderos órganos constitucionales autónomos; que no dependan de ninguno de los tres poderes, pero que sí sean responsables de sus actos.
h) Mejor funcionamiento del poder judicial, desligándolo del poder político. Reforzar su independencia, preparación y remuneración en las entidades federativas que todavía presentan déficits en estos aspectos. Es necesario alcanzar la justicia rápida y expedita.
i) En sectores sensibles a la corrupción como son, entre otros, los ministerios públicos, policías y servidores aduanales, así como, en las grandes empresas públicas, fortalecer el sistema de responsabilidades, al mismo tiempo que se creen estímulos sociales y económicos para los buenos servidores. O sea, aplicar la muy antigua ley de “la zanahoria y el garrote”, que sí funciona y que, además, es justa y legal.
