Tomado del libro Apuntes sobre la historia de la corrupción de Juan Roberto Zavala
Introducción
Podemos situar el inicio de la corrupción en los albores de la civilización, muy especialmente cuando el hombre se agrupa, inteligente y sistemáticamente, pasando de hordas nómadas a aldeas y ciudades; dando lugar a múltiples
formas de organización social, política y económica, como las naciones y la propiedad privada, y con ello también a valores y conductas relativas a sus actividades comer.
ciales, de gobierno y religiosas, lo que le permite al ser humano no sólo comer, vestir y subsistir, sino también satisfacer legítimas aspiraciones, como el éxito y la bonanza económica.
De estas naturales aspiraciones, difíciles de alcanzar por todos, nace la competencia por recursos económicos, poder y posición social, que los propios grupos humanos reglamentan a través de sus gobiernos, para evitar guerras, dominaciones mediante los mercados y la política, y discordias, que en ocasiones se generan entre individuos y grupos.
Los humanos compartimos muchos aspectos de nuestra vida en común y, en nuestro interactuar en la sociedad, nos encontramos con este fenómeno, que últimamente, tal vez en una pretensión de justifi carlo, se ha venido presentando como una predisposición o susceptibilidad genética, lo que signifi caría que nuestros padres, sin querer o sin poder evitarlo, nos estarían trasmitiendo,a través de los genes o partículas presentes en los cromosomas, sus características de deshonestidad. Con esta tesis, dejaríamos a la herencia; es decir, a las generaciones anteriores, la responsabilidad de nuestros actos.
Sin embargo, la realidad es que la corrupción no es consustancial a nuestro ser, pues la realizamos con conocimiento y voluntad; es decir que, habiendo tenido la capacidad de elegir, nos decidimos por no cumplir con una exigencia
ética fundamental para el logro del bien común: la honestidad, lo que da paso a un fuerte individualismo, en el que lo más importante son las conveniencias económicas y políticas; es decir, el predominio de nuestra satisfacción personal, sin importar cómo, sobre los derechos de la colectividad.
En apoyo de lo anterior, debemos recordar que, según dice Wikipedia, la enciclopedia libre, el conocimiento
no sólo incluye el “saber qué”, “saber cómo” y “saber dónde”, sino también el conocer toda la informa
ción adquirida gracias a la educación, la experiencia y la comprensión, y a que con la voluntad ordenamos conscientemente nuestra conducta. Aunque en la historia de la civilización han evolucionado muchas condiciones
y conceptos, existen principios y valores que no deben vulnerarse, pues constituyen elementos esenciales de las relaciones humanas, lo que nos lleva, independientemente de leyes y reglamentos que sancionan a quienes voluntariamente no cumplen con ellos, a la llamada responsabilidad social, y nos compromete a todos en una ética que le da sentido a lo público, para llegar al bien común.
Los griegos, por ejemplo, utilizaban el término ética no sólo en el sentido de costumbre, de modo de ser, de actuar, sino de una predisposición humana permanente para hacer lo bueno, predisposición que se obtiene como evolución natural, al refl exionar sobre los valores individuales y sociales y la licitud de los actos humanos.
De ahí las referencias a la mitología griega y al castigo que Zeus impuso a Prometeo por haber robado el fuego del cielo, entregándoselo a los hombres y, sobre todo, el que impuso a la humanidad, al destapar la “Caja de Pandora”, hiriéndolos con defectos perniciosos: los vicios, las enfermedades, el deseo sin límite y el amor a la riqueza.
Aunque gramaticalmente la corrupción es todo acto tendiente a causar un daño, una alteración o un vicio sobre una cosa determinada, en general se le considera como el aprovechamiento indebido de la administración de un patrimonio común, y en particular del gubernamental, como la desviación de los fi nes de la función pública. Por su parte, el Banco
Mundial la define como el abuso del poder público en beneficio propio.
Dado que la corrupción no es un estado congénito del hombre, pues hay países donde casi no existe, como Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia, podemos decir que la determinan los modos de vida, su organización política y social, especialmente el grado de libertades civiles con que cuentan, como la de prensa (uno de los pilares de la denuncia), así como las actitudes y afanes de riqueza de sus políticos, burócratas y empresarios que, considerándose más astutos
que el resto de la población, al violar la ley, se ven favorecidos económicamente. De una carta de San Pablo, diversos autores citan: “Raíz de todos los males es la avidez del dinero”.
De esta forma, independientemente del talento, la eficiencia, la habilidad, el trabajo y la iniciativa individual, las decisiones sobre el reparto del poder y de la riqueza han sido influidas, a través de la historia, no por una competencia equitativa, no por un anhelo de bienestar general, sino por una forma de vida en que los propios intereses están por encima del crecimiento y la prosperidad de todos.
Por todo lo anterior, podemos decir que la corrupción no sólo socava las bases de la sociedad misma, pues vulnera la legitimidad de las instituciones públicas, al poner en entredicho el derecho a la igualdad y a la justicia, sino que
también es responsable, en buena medida, de muchos de los males que aquejan a numerosos países del orbe, como la pobreza, el hambre, la falta de empleo, y los bajos niveles de educación y de salud.
Sin embargo, y como ya se ha dicho, quizá lo más importante es que, siendo la corrupción un obstáculo al crecimiento económico y al desarrollo social, a quienes más perjudica es a los pobres, pues son ellos los más expuestos a la extorsión
de los servidores públicos y a quienes más se afecta al haber menos recursos para inversión en infraestructura y programas de bienestar social, especialmente los de educación, salud y vivienda.
Pero también nos afecta a cada uno de nosotros cuando, por haber entregado sobornos a los funcionarios, se nos entrega menor calidad en obras tan necesarias como hospitales, presas, carreteras, calles, plantas de energía eléctrica, puentes, y en servicios tan fundamentales como los de agua, drenaje y energía eléctrica.
Es de mencionar que, aunque la esencia de la corrupción es la apropiación indebida, validos del ejercicio del poder, de un patrimonio común o particular, para algunos autores existe otra situación que también afecta a la economía y al
desarrollo, y que ellos llaman corrupción administrativa, que es la inefi ciencia deliberada o no deliberada de los funcionarios públicos, que se traduce en mal servicio de la maquinaria administrativa, que debe estar siempre al servicio de los ciudadanos.
Al abundar en el tema, nos dicen que ese tipo de corrupción, que acecha a la administración pública, es, a fi n de cuentas, el ambiente de incompetencia o mediocridad de quien no es consciente del elevado valor del servicio
público, sea cual fuese el cargo que ocupe en la maquinaria administrativa.
No podemos dejar de mencionar a la gran aliada de la corrupción, la impunidad, que en Latinoamérica, podemos decir, se ha vuelto endémica, y que literalmente signifi ca “dejar sin castigo”, refi riéndonos a ella en cuanto a que no se aplican las sanciones estipuladas para quienes transgreden las leyes.
Esta práctica cotidiana no sólo afecta al conjunto social, sino que pone en entredicho el papel de garante que tiene el Estado sobre la equidad y la seguridad, y hace inefi ciente o nugatoria la impartición de justicia, con lo que muchos delitos quedan impunes y se propician, entre la población, claros sentimientos de inseguridad, indefensión y temor.
Es la inefi ciencia del sistema de justicia, sea penal, civil o administrativa, lo que, junto al desmedido afán de enriquecimiento, explica la impunidad y consecuentemente la corrupción, pues la mejor forma de combatirla es castigando a los corruptos, lo que no se logra porque los ciudadanos evitan señalar o denunciar a los funcionarios, pues
además de temer las represalias,
conocen los bajos porcentajes de condenas por delitos; es decir, de castigo, en tanto que los delincuentes tienen bien calculada la ausencia de riesgos en sus actividades de soborno, tráfico de influencias, malversación de bienes públicos y otras.
Factor importante en este fenómeno es la dependencia del Ministerio Público de los gobernantes en sus altos niveles, federal o estatales, pues al denunciar un acto de corrupción, considerado delito, se debe hacer ante esta dependencia, que a fi n de cuentas es subordinada de una más alta, pero la misma instancia gubernamental, amén de que al presentar
la denuncia, el ciudadano se encuentra con que no tiene posibilidad de intervenir directamente en el procedimiento penal, pues sólo sería coadyuvante del Ministerio Público.
Por último, y en cuanto a los derechos humanos, el término se utiliza para referirse a sus violadores y la imposibilidad de castigarlos, a pesar de que el Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley. Para este efecto, en febrero de 2005, la Comisión de Derechos Humanos promulgó una serie de principios para su protección y promoción, mediante la lucha contra la impunidad, cuyo primer enunciado establece:
“La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones; adoptar medidas apropiadas respecto a sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas; de garantizar a las víctimas recursos efi caces y la reparación de los perjuicios sufridos; de garantizar el derecho a conocer la verdad y de tomar la medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”.
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