Omar Suro
El crecimiento de los centros urbanos ha traído como consecuencia, en muchos casos, la integración de los mismos en espacios metropolitanos, lo cual a su vez deriva en asuntos que rebasan la competencia técnica y jurídica de los municipios para resolverlos, los cuales se ven obligados no sólo a compartir los límites geográficos, sino a enfrentar problemas y buscar soluciones comunes.
Al terminar el siglo XX, las grandes ciudades se afirmaron como territorios centrales donde se concentran las principales actividades económicas, sociales, políticas y culturales que caracterizan nuestra época. Monterrey y su área metropolitana son un ejemplo de ello.
PROBLEMAS METROPOLITANOS
Más allá de las condiciones geográficas que se comparten en las zonas metropolitanas, existen una serie de fenómenos que dificultan la generación de acciones para solventar los problemas que esta integración genera. Los problemas que hoy en día enfrenta la metrópoli no se circunscriben sólo a su crecimiento natural.
Monterrey y la zona metropolitana integran un espacio urbano con atractivos especiales para quienes desean residir en ella de manera permanente o bien la eligen como estancia temporal para posteriormente emigrar hacia el país vecino, lo que deriva en una amplitud y complejidad en las acciones, políticas y programas para brindar atención a estos nuevos pobladores.
La mayoría de los centros metropolitanos sufren esta absorción natural hacia mejores condiciones de empleo, vivienda, educación, servicios, entre otros, lo que obliga a la vez a mayores y más eficientes sistemas de gestión de servicios, no sólo a partir de una mayor demanda, sino también de una composición social y cultural distinta. Por ejemplo, nuestra entidad y específicamente la zona metropolitana ha registrado, en los últimos años, un incremento significativo de su población indígena, lo que ha obligado a los gobiernos estatal y local al diseño de programas especiales para su atención.
Por otro lado, los procesos de integración mundial suelen tener manifestaciones e impactos importantes en las ciudades. En el caso de la trascendencia de Monterrey desde los puntos
de vista financiero, comercial, económico, educativo, etc., demuestra cómo, al mismo tiempo que atiende los problemas generados por la integración de los centros urbanos y su paulatino crecimiento, los efectos de la globalización también generan asuntos o problemas específicos y obligan al diseño de instrumentos concretos derivados de su posición estratégica.
PROBLEMÁTICA URBANA
“Una característica central del proceso de globalización es que se trata de un mecanismo que opera simultáneamente, tanto de manera incluyente como excluyente. Incluye e incorpora a su lógica lo que produce valor a escala mundial; excluye y margina lo que devalúa y es irrelevante para la lógica del sistema donde estos efectos se hacen visibles e imprimen un sello distintivo a la problemática urbana.”
Ciudades como la nuestra asisten a un proceso dual, donde la polarización y las desigualdades sociales son cada vez más evidentes, y convierten estos espacios en zonas de articulación de distintas demandas sociales provenientes de sectores cada vez más disímiles. Las diferencias son tan evidentes que, por ejemplo en los niveles de empleo e ingreso, sólo unos cuantos están capacitados para beneficiarse del progreso de la economía mundial, en contraste con la extensa población abandonada a las actividades de la economía informal, donde los bajos salarios y la mala calidad de vida son el denominador común.
En efecto, la pobreza extrema y la marginación social, los índices de criminalidad, violencia, actividades informales, inseguridad pública, corrupción, contaminación, mala calidad en los servicios como el transporte público, son consecuencia de un crecimiento desmedido de la metrópoli, así como de la ausencia de una gestión administrativa compartida, obligada por la magnitud y composición de estos problemas.
POLÍTICAS INTEGRADORAS
Estos asuntos requieren de procesos más democráticos y participativos para su atención. Los gobiernos locales deberán tener una mayor autonomía y respaldo institucional de la entidad y sobre todo la colaboración entre las localidades, que en este caso conforman la metrópoli. La participación de la sociedad en instituciones representativas locales y descentralizadas es clave para promover el ejercicio democrático desde la proximidad. A partir de estas instancias representativas mínimas, se pueden diseñar políticas integradoras que faciliten la gestión metropolitana.
Las acciones públicas suelen tener un ingrediente político y el costo de ello en ocasiones se refleja en la desatención o la falta de mecanismos de coordinación institucionalizados.
Las ciudades metropolitanas deben considerar sus asuntos como conjunto de ciudades que comparten problemas, y que sólo la acción coordinada entre las esferas de gobierno podrán tener un cauce positivo.
Las cuestiones rebasan los aspectos jurídicos y se avocan a negociaciones políticas que permitirán diseñar alternativas viables a problemas cada vez más amplios y complejos.
Los gobiernos de las ciudades metropolitanas deberán responder de una manera óptima a demandas comunes, al margen de la razón política que los respalda, y hacer del conglomerado municipal un entorno menos ajeno a los acuerdos políticos, y más proclives al razonamiento administrativo y social.
