Omar Suro
El sistema federal constituye uno de los principios fundamentales en los que se sustenta el sistema político mexicano. Abarca aspectos de orden administrativo, económico, fiscal, político; cuyas repercusiones determinan la forma de vida del estado.
El federalismo supone el reparto del poder político entre los entes federal y los estados miembros, cuya adhesión implica el respeto al orden institucional que se mantiene mediante un pacto político, con el objeto de buscar el mejoramiento de las acciones que el gobierno ejecuta.
Las atribuciones que la federación y los estados o territorios llevan al cabo deben sujetarse a principios jurídicos basados en el respeto de las voluntades, la soberanía de los estados y la autonomía de cada orden de gobierno.
La división elemental desde una óptica administrativa y política del estado mexicano son los municipios, en los sistemas federales, el reparto de competencias y atribuciones solo considera a los estados miembros, quienes a su vez se formarán en su caso por las territorialidades municipales, siendo las entidades federativas los interlocutores entre estos y la federación cuando así sea el caso. Así mismo por excepción podrán reconocerse otros espacios de orden político sustentados en usos y costumbres bajo un régimen distinto.
El sistema federal y la consolidación de la república es una forma de organizar y estructurar el poder político desde una perspectiva vertical y horizontal. En él, conviven y coexisten ámbitos y poderes públicos que dan sustento a un orden institucional. La división de poderes brinda estructura a la organización estatal y responde a la necesidad primordial de mantener la cohesión y el equilibrio entre las partes del estado.
La democracia mexicana está basada en una representatividad política territorial e institucional. Ambas cámaras asumen el carácter federal del sistema político, tanto el senado como en la cámara de diputados, dando rumbo a la esencia federalista de la república.
Si bien el federalismo exige la coparticipación de diferentes entes públicos en un mismo espacio geográfico, las competencias son plenamente y de manera clara definidas en la constitución. Para el caso mexicano, estas responsabilidades son a la fecha de mayor envergadura las correspondientes al poder central o federal. Las materias relacionadas con la política fiscal, monetaria, defensa nacional, relaciones exteriores entre otras, son exclusivas del poder federal, y a los estados corresponden aspectos relacionados con el régimen interior de sus espacios geográficos, su administración, y tares de orden menor en materia fiscal, de desarrollo local.
El reparto del poder político por parte del gobierno central a las entidades federativas ha sido una demanda permanente. El fortalecimiento del federalismo ha implicado nuevas relaciones de poder producto de una distinta composición de los escenarios políticos.
El desarrollo democrático ha cobrado un mayor dinamismo, se vislumbra un creciente posicionamiento por parte de las entidades federativas mediante una demanda más amplia de recursos económicos, mayores competencias, atribuciones y libertades para el diseño de políticas de orden local y sobre todo una mayor participación colaborativa entre ambos espacios.
La CONAGO, es un ejemplo de este esfuerzo llevado a la práctica por los ejecutivos estatales y que se formaliza mediante la discusión de asuntos de interés común en las entidades federativas y permitiendo abrir espacios de diálogo entre los poderes públicos que deriven en el diseño de políticas de mayor alcance.
