José Leal
De acuerdo a Boingboing.net, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos prohibir la práctica de monitorear sin autorización los movimientos de las personas mediante tecnologías basadas en el sistema de pocisionamiento GPS. El día de ayer Roger L. Easton, considerado principal inventor del GPS, se unió a este grupo de expertos en tecnología de la información para señalar que existen razones por las que el rastreo de personas sin su consentimiento resulta una forma diferente y más invasiva que otras técnicas de rastreo, y porqué el uso del GPS sin autorización viola la privacidad de los ciudadanos.
El 7 de octubre del 2010, un estudiante americano del estado de California, descubrió escondido en su auto lo que parecía ser un artefacto de rastreo por GPS. Tan solo 48 horas después de haber enviado a un amigo fotografías del aparato por Internet, Yassir Afifi recibió la visita de media docena de agentes del FBI en su apartamento de Santa Clara, quienes, sin más, le solicitaron devolver el costoso aparato que ellos mismos habían instalado unos meses atrás. «No podemos hablar mucho del caso» dijo entonces Pete Lee, portavoz del FBI, «porque se trata de una investigación que aun está en curso.» Afifi es hijo de un líder islámico que murió en Egipto hace dos años.
Esta sería la primera ocasión en que la Corte Suprema considera la posibilidad de un rastreo pasivo, secreto y sin orden judicial por parte de las agencias federales y departamentos de policía. «El gobierno podría recabar información acerca de los hábitos de las personas y sus relaciones privadas,» dijo al respecto la abogada del EFF Marcia Hofmann, «la policía no debe tener un permiso en blanco para instalar dispositivos de rastreo por GPS y adquirir con ellos información detallada de los movimientos de las personas.»
Los agentes involucrados en el caso plantaron el dispositivo mientras el vehículo de Afifi se encontraba en propiedad privada, después rastrearon su posición cada 10 segundos durante un mes sin haber obtenido una orden judicial. Recientemente una corte local determinó que la vigilancia había sido inconstitucional, pero el FBI apeló dicha sentencia.
