Patricia L. Cerda Pérez.
El logro de la equidad de género en el sistema educativo de Nuevo León, México, y la eliminación de desigualdades en el aula, no debe sustentarse sólo en mantener ritmos de crecimiento en la matrícula de niñas y niños que constitucionalmente tienen derecho a concurrir a estos planteles. Sus retos, transitan necesariamente por la erradicación de toda forma de expresión o signos de sexismo o discriminación, con una visión transversal a todo el proceso educativo.
La construcción de alternativas para la equidad de género en la realidad mexicana y, particularmente, en la sociedad nuevoleonesa debe pasar por el análisis no sólo de las condiciones que imperan dentro de las aulas y las familias de los educandos, sino también de las bases jurídicas actuales para el debido abordaje del problema de la violencia en general y de la equidad de género en particular, así como de proyectos y programas educativos y de políticas sociales con las cuales se cuenten para tal efecto.
La re significación simbólica de la dimensión de género necesita de procesos específicos que ayuden a incorporar la diversidad y la inclusión como valores y principios pedagógicos que en las familias, en las aulas y en los medios de comunicación enriquezcan e integren a la sociedad en base al sentido del bien común, de democracia y de trato incluyente.
Las familias mexicanas viven transformaciones radicales vinculadas con crisis económicas, índices de mayor pobreza y el aumento del número de mujeres que se insertan en el mercado laboral. Todo ello, impacta al ámbito educativo con no pocos conflictos en la relación escuela-familia, en los cuales se encuentran en medio el o la educando. Las y los alumnos que afrontan algún tipo de pobreza clasificadas por la Sedesol o con realidades familiares distintas al prototipo de familia integrada, son excluidos/as, segregados/as o discriminados/as.
Es en este sentido que el profesorado tiene ante sí, un reto preventivo en materia de equidad de género y de inclusión dado que a la problemática económica enfrentada por las familias de los educandos, se añaden visiones culturales prejuiciados o estigmatizadas en contra de aquellos niños o niñas que proceden de familias no consideradas como “prototipo”.
En un estudio realizado bajo el auspicio del Programa de Capacitación al Magisterio Para Prevenir la Violencia Hacia Las Mujeres (PREVIOLEM 2008) con la participación del Centro de Investigación para La Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el cual se incluyen 1735 encuestas aplicadas a 683 padres, madres o tutores de educandos; 703 alumnos/as de primaria y secundaria y 309 maestros/maestras que laboran en el sector educativo público, se obtuvieron datos significativos sobre la realidad familiar de los educandos: el ingreso familiar mensual en el 44.5 por ciento de los hogares de quienes envían a las escuelas públicas a sus hijos/as oscila en Nuevo León, oentre los $3,000 y 5,000 pesos mensuales.
Ámbitos como el acceso a la educación superior, la vivienda y el ocio productivo -entre otros-, en tales núcleos familiares, se limitan o simplemente no se tiene acceso a ellos, con el consecuente impacto negativo en los educandos.
Con tales ingresos, la situación de las familias es de oportunidades de movilidad social reducidas por no decir prácticamente inexistentes. El 68.2 por ciento de los 683 padres /madres de familia encuestados tiene entre 2 y 3 hijo/as; del mismo número de padres encuestados, el 13 por ciento declara tener 3 o 4 hijos/as y solo un 17 por ciento afirma tener un solo hijo/a
El estudio nos indicó que un 11 por ciento de los padres/madres y o tutores admiten en sus hogares, la existencia de la discriminación o las agresiones verbales contra algunos de sus hijos, por aspectos físicos, relacionados con la belleza o complexión física; por el color de la piel – ya que los niños y niñas de piel morena suelen ser discriminados por este hecho-; el género también es un factor de discriminación pues en tales hogares suele preferirse a los varoncitos sobre las niñas.
En relación a los riesgos ambientales, de los 683 padres de familia encuestados, 285 de ellos que equivalen al 41 por ciento, confirmaron la existencia de depósitos o cantinas cerca de las instancias educativas , el 39 por ciento de los padres (267 padres) niega que existan este tipo de lugares cercanos a las escuelas de sus hijos; esto además de constituir un peligro para los educandos, por los efectos que la ingesta de alcohol tiene al potencializar hechos violentos, es además un modelo negativo para los y las estudiantes que se exponen a determinados patrones de consumo. Otro riesgo cercano a las escuelas son los “terrenos baldíos” este riesgo lo han declarado 294 padres de familia de los 683 tutores de familia encuestados, es decir, el 43 por ciento de los padres entrevistados; un 16. 5 por ciento – 113 padres de familia- detectan la presencia de “ríos y arroyos”, cerca de las escuelas. Esto puede propiciar inseguridad en el tránsito de los escolares ya que estos lugares son utilizados como espacios en donde se desarrollan consumo de alcohol, drogas, riñas y peleas,
