Omar Suro Reyes
La descentralización es uno de los instrumentos más utilizados desde el punto de vista político y administrativo para generar mayores niveles de eficiencia en el ejercicio público.
Esta idea tiene una connotación política. a través de la cual un poder le brinda espacios de participación a otro, o bien una entidad pública a una privada. En esta cesión de espacios se gestan nuevas responsabilidades y reparto en el uso del poder público.
Igualmente la descentralización puede verse desde una perspectiva administrativa: al trasladar responsabilidades y nuevas formas en el ejercicio del poder. Ésta debe acompañarse del traslado de recursos para que el nuevo ejecutor tenga las posibilidades para cumplir con esa nueva encomienda.
El poder central determina protestades
Otro aspecto esencial que debemos tomar en cuenta cuando nos referimos a la descentralización, es si ésta es una demanda de quien ahora tendrá esas nuevas responsabilidades, o bien fue una decisión del poder superior que determina que será otro quien cumpla con la responsabilidad. Es decir. en nuestro país las razones por las cuales se han puesto en marcha procesos de descentralización no han sido siempre demandas de aquellos sobre quienes habrán de recaer estas nuevas potestades sino que ha sido el poder central quien ha determinado las tareas a descentralizar.
Cuando sucede esto, los procesos suelen ser más costosos no sólo en términos económicos, sino de eficiencia y de relaciones políticas incluso. Los procesos de descentralización educativa del gobierno federal a las entidades federativas a partir de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica son una muestra de ello.
Durante este proceso se han presentado manifestaciones por parte de algunos gobiernos estatales que incluso han sugerido devolver estas responsabilidades a la instancia federal en virtud de la falta de recursos económicos y de los conflictos políticos internos derivados de estas nuevas relaciones entre el magisterio y los gobiernos estatales.
Controversias e incumplimientos
De igual manera este proceso de descentralización ha transitado por una serie de controversias e incumplimiento de sus cometidos. A partir de 1999. Los recursos para el combate a la pobreza provenientes del Ramo 33 fueron descentralizados a los municipios y con ello las implicaciones políticas sociales presupuestarias de control. Quizás para algunos ayuntamientos dadas sus capacidades administrativas y el nivel de desarrollo interno de proceso y manejo de recursos no fue complicado recibir de manera directa estas aportaciones; sin embargo, otros en su mayoría han tenido que enfrentar una serie de confrontaciones propias de estas nuevas encomiendas.
Este Ramo descentralizaba la aplicación manejo y conducción de recursos para el combate a la pobreza, y aquéllos destinados a través del Fondo IV para el pago de pasivos y el diseño de instrumentos en materia de seguridad pública y una vez cubiertos estos dos conceptos los ayuntamientos podrían destinar estos recursos para obras de infraestructura social o bien lo que fuera necesario.
Con estas reformas los gobiernos estatales pasaron a ser simples tramitadores ante la Secretaría de Hacienda para el pago de las ministraciones mensuales que procuraban la llegada a tiempo de los recursos de este ramo hacia los municipios generando con ello nuevas relaciones entre ambos poderes.
Esta nueva relación derivaba también en virtud de que los ayuntamientos serían ahora los responsables de diseñar sus políticas sociales. Esta nueva responsabilidad presupuestaria daba igualmente nuevas responsabilidades de otra índole y a su vez generaba relaciones distintas entre poderes; es decir ahora los gobiernos de los estados deberían sentarse a diseñar políticas locales con gobiernos con capacidad de decisión y con capacidad de gasto lo que generaba controversias e intercambios de opiniones mejor fundamentadas.
Suma de esfuerzos, energías y capacidad de decisión
La descentralización implica además poder sumar los esfuerzos energías y capacidades de decisión de la sociedad. Alentar sus fortalezas es imperativo cuando nos referimos a procesos más democráticos donde se amplían los espacios de actuación de otros órdenes gubernamentales y sociales.
Cuando el manejo de los recursos correspondió exclusivamente a las entidades federativas y éstas eran quienes decidían sobre el destino de los mismos al margen del control político que ello implicaba el diseño de las políticas sociales se encontraba igualmente controlado por un solo órgano gubernamental.
Ahora esta perspectiva ha cambiado y la suma de actores debe traer consigo el establecimiento de espacios de interlocución donde los poderes (federal, estatal, municipal y social) acuerden sobre el destino y aplicación de sus recursos económicos. Compartir recursos es una suma más de nuevos retos, donde el que ha cedido debe ahora tener un rol distinto y no sustraerse a las nuevas responsabilidades que habrá de asumir ahora sin el control de los recursos financieros.
La federación y las entidades federativas no deben pensar que al trasladar recursos a los gobiernos locales les permite mantenerse al margen del diseño de políticas; lo que ello ha implicado es una participación diferente, con la incorporación de un actor más en los procesos de decisión, ahora con una voz y con un valor más amplio.
Los procesos de descentralización deben ser permanentes y asegurar en primer término la eficiencia en la prestación y dotación de servicios públicos. En esa perspectiva es siempre justificable adoptar este tipo de instrumentos administrativos y políticos. No se garantiza la eficiencia sólo por el hecho de descentralizar, pero al menos sí existe una mayor posibilidad de éxito que bajo esquemas centralizados. Fortalecer la democracia política y administrativa implica compartir las decisiones y este tipo de mecanismos es una de las vías para conseguir este propósito.
